El Gobierno considera, asimismo, que el Decreto Ley no es el instrumento adecuado para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia. “Además, los cambios, sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos, solo podrían producirse con una modificación de la normativa estatal, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional”.
De esta forma, el Ejecutivo ha seguido con Andalucía el mismo camino que tomó con Castilla-La Mancha. En esta autonomía, que también implantó por decreto la vuelta a la jornada de 35 horas, el Constitucional llegó a darle la razón al Gobierno, y la autonomía tuvo que dar marcha atrás.
En el caso andaluz, según el Gobierno, el recurso cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado y se produce “al no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con la Junta de Andalucía”.
REPROBACIÓN DE SUSANA DÍAZ Y LOS PROFESIONALES
El anuncio de la presentación de este recurso, sin embargo, ha sido tildado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de “hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo” de los andaluces.
También han mostrado su “rechazo más absoluto” desde el sindicato de Enfermería, Satse, mientras que el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, ha lamentado“la falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía y hacia los empleados públicos andaluces, que han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta de Andalucía como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años”.
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