La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) modificó la semana pasada los criterios que rigen el intercambio terapéutico, lo que supone una actualización de los fármacos no sustituibles por otros con igual principio activo. Así, la Orden 2874/2007 por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006 sería “de aplicación en la dispensación de medicamentos efectuada por el farmacéutico en oficina de farmacia”.
Además, el organismo que dirige María Jesús Lamas apunta que “la política de uso de medicamentos en el ámbito hospitalario se fija en comisiones interdisciplinarias que promueven el Uso Racionaldel Medicamento atendiendo a la Ley y buena práctica, incluido el intercambio terapéutico”, según reproduce este martes la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) en un comunicado.
“Facme desea manifestar su desacuerdo con la actuación y su preocupación"
Y es que las sociedades rechazan estas nuevas recomendaciones porque alega que la decisión se ha llevado a cabo de forma unilateral, sin previo aviso y en contradicción con la normativa vigente. “Facme desea manifestar su desacuerdo con la actuación y su preocupación tanto por el contenido de la aclaración de la Orden 2874/2007 como por la falta de independencia y rigor técnico que supone. Este texto, pretende reinterpretar la normativa en lo que se refiere a la sustitución por el farmacéutico de los medicamentos prescritos por el médico”, alertan en el comunicado.
Asimismo, la organización que preside Fernando Carballo califica como “inadmisible” que el cambio de tratamientos se realice sin la intervención del médico y del paciente. “El médico puede realizar cambios en los tratamientos, por motivos económicos y siguiendo recomendaciones institucionales, pero debe ser una decisión individualizada y con el consentimiento del paciente”, subrayan.
En términos generales, Facme muestra su disposición para actuar con el objetico de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pero siempre que “las iniciativas en materia de uso de medicamentos se intenten implantar sin debate, a espaldas de médicos, enfermeras y pacientes”, concluyen.