La sanidad penitenciaria está bajo mínimos, así lo han asegurado sindicatos médicos, colectivos profesionales de Enfermería o la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Falta personal sanitario y eso impide que se pueda garantizar una asistencia sanitaria de calidad. En la hoja de ruta de todas las organizaciones que denuncian el estado del sistema sanitario de las prisiones está un objetivo: lograr la transferencia de la sanidad penitenciaria, que actualmente depende del Ministerio de Interior, hacia los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Este pasado martes, el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la "insuficiencia de efectivos médicos" en las prisiones.
Existe unanimidad entre sindicatos y colectivos profesionales, la única salida posible a este problema es la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las CC.AA.
En su Informe anual, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, solicitaba al Ministerio de Interior se siente a hablar con las comunidades autónomas para comenzar a negociar la transferencia de la sanidad penitenciaria.
"El menoscabo de la prestación de la asistencia sanitaria afecta a las personas privadas de libertad, a los profesionales de la Administración, a los funcionarios que prestan servicios de vigilancia y, en consecuencia, al conjunto del sistema penitenciario, pues en la medida en que un servicio tan importante como el sanitario se resiente, los demás servicios, como pueden ser el tratamiento o la seguridad, ven alterado su normal funcionamiento", recoge el informe anual del Defensor del Pueblo.
Y además alerta de que "es previsible que en los próximos años, si no se adoptan medidas vigorosas, este problema se agrave ante la falta de efectivos médicos".
"Es previsible que en los próximos años, si no se adoptan medidas vigorosas, este problema se agrave ante la falta de efectivos médicos"
Según los datos publicados por esta institución, actualmente, más del 75 % de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tiene más de 55 años. Por otro lado, el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir las bajas se ve afectado notablemente por la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades autónomas.
A modo de ejemplo, en la promoción de médicos del año 2016 aprobaron 14 médicos, y actualmente solamente seis de ellos permanecen trabajando en prisiones. Resulta un dato suficientemente expresivo de la necesidad de adoptar medidas eficaces a corto plazo, que vayan más allá de la mera convocatoria de nuevas plazas para médicos. Junto al dato del envejecimiento de los facultativos se destaca que el 26,72 % de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes.