El artículo 208 del Código Penal estipula que se produce un delito de injurias cuando “se lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”
Aunque la Organización Médica Colegial (OMC) no incluye estas agresiones en sus registros anuales, según Guilabet, a nivel general (sin tener en cuenta sólo a los sanitarios), el Ministerio Fiscal ha registrado un aumento de un 71% de agresiones e insultos a través de las redes sociales en el último año.“En Castilla y León y en el territorio nacional, estamos notando que cada vez se hacen más comentarios desafortunados en las redes que se hacen virales y que afectan a la reputación de los profesionales”, señala el portavoz colegial, quien advierte de que, no obstante, “los pacientes o sus familiares no son conscientes a veces de dónde se están metiendoal hacer un insulto a un profesional, porque pueden caer en un delito penal”.
De hecho, el artículo 208 del Código Penal estipula que se produce un delito de injurias cuando “se lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, un delito que, según el artículo 209, se castigará con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses, cuando sean “hechas con publicidad”.
¿ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD?
A ello hay que unir, por su parte, que con la modificación del artículo 550 del Código Penal, que se hizo a petición de los médicos, también se considera “atentado contra la autoridad”, cuando se agrede, verbal o físicamente, a un profesional sanitario. Una agresión que, si bien se considera delito sólo cuando el médico esté “ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”, también ha sido penado por algunos tribunales cuando la agresión se ha producido fuera del centro de trabajo del médico, como podría ser el caso de un insulto en las redes sociales.
“Esta es una figura muy reciente y aún no suele contemplarse dentro de los observatorios de agresiones, pero desde nuestro Colegio vamos a pedir que se haga un apartado específico para estas agresiones que se producen en las redes sociales”, añade Guilabert, que asegura que, en el caso de Segovia, cuando se produce algún caso, el protocolo a seguir consiste en abrir un acta notarial “para intentar que quede constancia de la prueba de cara a un posible juicio”, y posteriormente identificar a la persona que lo ha publicado. “Creo que este no es un asunto baladí y hemos de tenerlo más en cuenta”, concluye.
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