Los jefes de servicio que coaccionan a otros médicos podrían ser inhabilitados para ejercer la Medicina

Los jefes médicos o de servicio de los hospitales que, como en el reciente caso destapado en el Hospital Clínico de Valencia, coaccionen a profesionales sanitarios para que no intenten aspirar a una plaza, que les corresponde por méritos, al estar ya asignada “a dedo”, podrían acabar siendo inhabilitados para ejercer la Medicina temporalmente. Así lo explica a Consalud.es Adrián Carriedo, abogado de Lex Abogacía, que señala que, para que esto ocurra, deben darse unas condiciones concretas que, no obstante, no están lejos de cumplirse en estos casos.

Y es que, como anunció la consejera de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, la administración ha abierto un expediente disciplinario a los jefes médicos del Clínico acusados de amenazar a una médica de que, en caso de insistir en obtener su plaza, sería cesada al poco tiempo con un informe negativo del servicio. Una práctica que es habitual en los hospitales valencianos puesto que, como informa El Mundo, ya hay al menos otro médico del Hospital La Fe que ha denunciado, mediante grabaciones, un caso parecido.

“Desde el punto de vista administrativo está claro que, si se le abre un expediente disciplinario a los profesionales, es muy probable que se les acabe imponiendo una sanción, que puede ser la suspensión de sueldo, una multa o la pérdida de su plaza en el hospital”, indica Carriedo. De hecho, uno de los médicos del Clínico, Javier Belda, se ha adelantado a esta decisión, dimitiendo este jueves de su cargo como jefe de servicio de Anestesiología.

El problema, señala el experto, es que al hablar de presuntas coacciones o amenazas, el profesional podría incurrir en responsabilidades penales por lo que, de iniciarse el proceso judicial, podría conllevar la inhabilitación del facultativo para ejercer la Medicina así como la pérdida de la condición de funcionario. “La inhabilitación, no obstante, sería temporal, no para siempre. Y el tiempo dependerá de la pena que se la imponga”.

El proceso por la vía penal podría iniciarlo la propia Fiscalía como, en el caso del Clínico, reivindica el sindicato Comisiones Obreras, que pide a Montón que traslade el caso al ministerio Público, puesto que la grabación de la facultativa pone de manifiesto “prácticas ilegales y sin escrúpulos”.

“No obstante, si el procedimiento toma la vía penal irá para largo, aunque de forma cautelar, la Administración podría suspender a los responsables”, añade Carriedo. Por ahora, en el caso que ha desatado la polémica, el abogado de la afectada continúa aún barajando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra los profesionales, ya sean civiles o penales, para que la médica pueda recuperar la plaza que le corresponde por méritos en la bolsa de trabajo.


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