“La sanidad penitenciaria española, que durante años ha sido un referente mundial, está a punto de colapsar”, denuncia el responsable de CESM-Prisiones, Pedro A. Martínez Sánchez, quien aduce dos razones de peso para ello. La primera es que los profesionales sanitarios no quieren trabajar en las cárceles, ya que para cubrir las 31 plazas ofertadas en la última convocatoria de empleo sólo se han presentado 12 candidatos.
Según la organización sindical, el efecto de ese "escaso atractivo" es que la plantilla de profesionales ha descendido en más de un 40% en los últimos 3 años, pasando de los 411 médicos que había entonces a los 212 actuales, a lo cual hay que añadir que el 90% de los médicos tiene ya más de 50 años y el 35% está en condiciones de jubilarse en cualquier momento.
La segunda gran razón que contribuye a explicar, por contraste con la anterior, es el riesgo de "colapso de la sanidad penitenciaria" que, tal como explica Martínez Sánchez, “se necesita atender a una población penitenciaria con un elevadísimo número de drogodependientes, enfermos mentales, patología dual y enfermedades infectocontagiosas y crónicas”.
"Hay un desfase cada vez mayor entre la demanda de atención que precisan los más de 51.000 reclusos que hay en las cárceles españolas y el número de médicos"
"La situación es explosiva. Hay un desfase cada vez mayor entre la demanda de atención que precisan los más de 51.000 reclusos que hay en las cárceles españolas y el número de médicos, que no quieren trabajar en el sector, entre otros motivos, porque sus salarios presentan una diferencia en su contra de casi 20.000 euros netos al año, sin guardias, respecto a un profesional que trabaje en Atención Primaria", sentencia el responsable de CESM-Prisiones.
Como cabe esperar, la consecuencia es que los médicos desarrollan actualmente su labor en las prisiones están sometidos a una “insoportable carga asistencial”.
"INCUMPLIMIENTO DE LA LEY"
El representante de CESM afirma que se ha llegado a esta situación por “incumplimiento de la ley”. En concreto, recuerda que no se está cumpliendo la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, en la que se contempla la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud. Actualmente, sólo Cataluña y País Vasco tienen asumida esta competencia, mientras que en el resto del país el servicio sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio del Interior.
Asimismo, añade, se incumple la Ley General de Sanidad 14/1986, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, las recomendaciones del Consejo de Europa, las resoluciones del Senado de 20/10/2016 y las de la Comisión Interior del Congreso de 20/2/2018.
“Nuestro objetivo es una sanidad penitenciaria de calidad que pueda cumplir los estándares de igualdad y equidad del resto del sistema sanitario público”, sostiene Martínez Sánchez, quien advierte que “si la administración no interviene de forma inmediata, estamos dispuestos a convocar una huelga indefinida”.