Algunas vacunas en determinados grupos poblacionales son imprescindibles y, por lo tanto, deberían ser obligatorias. Así se ha expuesto en un foro de controversias celebrado este jueves en el 39º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), subrayándose la ausencia de evidencias que pongan en duda la eficacia y seguridad de la que pasa por ser una de las medidas de salud pública más útiles y que más muertes ha evitado a lo largo de la historia.

En España actualmente la vacunación es de carácter voluntario, depende de las decisiones personales y no se puede obligar a ella salvo en casos muy excepcionales recogidos en la legislación. “Tal vez haya que ir pensando en que esto no siempre pueda ser así”, sentencia el Francisco Díaz Ruiz, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Humanidades de Semergen, que demanda abrir un debate amplio sobre la posible obligatoriedad de la vacunación, en qué casos sería necesaria, y obtener un consenso tanto de los profesionales como de las autoridades sanitarias y de la población, “partiendo del hecho de que es preferible siempre el convencimiento a la obligatoriedad”.

Los facultativos recuerdan que si las coberturas vacunales son bajas, aumenta el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas que se creían casi erradicadas o al menos controladas

En la sesión se han expuesto los argumentos que se manejan a favor y en contra de la vacunación y los supuestos efectos nocivos secundarios (sin argumentos científicos) que los respaldan “pero que cobran gran fuerza dada la trascendencia que se les concede desde algunos medios de comunicación y desde las redes sociales”, asegura Díaz Ruiz.

Si las coberturas vacunales son bajas, aumenta el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas que se creían casi erradicadas o al menos controladas. Dado el peligro que eso supone para la salud de la población, “hay que pensar en la posibilidad de exigir la obligatoriedad de determinadas vacunas y en casos concretos, por el bien de todos”, señala el coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Humanidades de Semergen.En algunos países europeos ya se ha hecho así en el caso de la vacunación infantil, tomando medidas de obligatoriedad al compropbar el progresivo incremento de algunas infecciones.

Otro caso muy diferente es la vacunación en el adulto, especialmente en los profesionales sanitarios. “No se entiende desde fuera del sistema que profesionales que tratan a determinados pacientes de alto riesgo no se vacunen, por su propio beneficio (al protegerse de posibles enfermedades que puedan adquirir de sus pacientes) y por el beneficio de éstos, muy vulnerables y que pueden tener graves consecuencias por un contagio de uno de los sanitarios que los atienden”, admite Díaz Ruiz, quien considera que la solución pasa por “información, convencimiento y adquirir conciencia de que es necesario que el profesional se proteja también a sí mismo”.

RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA

Para Díaz Ruiz, son dos los riesgos más importantes para la salud pública que se derivan de la decisión personal de no vacunar a un niño frente a enfermedades altamente contagiosas. Primero, sobre la salud de ese niño, a través de una decisión que no procede de él sino de sus padres. “Aquí no hay ejercicio del derecho de autonomía del paciente, pues la decisión la toma un tercero que se supone debe procurar siempre el mayor beneficio del menor, y en muchas ocasiones esto no es así”, afirma el experto.

En segundo lugar, hay un riesgo sobre la salud de los demás. “Si las coberturas vacunales disminuyen, el efecto protector del grupo se reduce, al haber menos vacunados. Esto es un peligro para los demás niños que, aunque sí estén vacunados, pueden contagiarse y sufrir la enfermedad, aunque sea de forma más leve (salvo en casos de niños de mayor riesgo o inmunodeprimidos)”, ha indicado Díaz Ruiz.