El 89,8% de los profesionales admite realizar pruebas diagnósticas de "utilidad dudosa" para evitar problemas legales con pacientes. Así lo señalaron este martes en rueda de prensa representantes de la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Ante este dato, estas tres sociedades científicas demandan políticas de seguridad del paciente para paliar los efectos de la medicina defensiva, especialmente detectada en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.
Los motivos que llevan a los facultativos a aplicar este tipo de medicina son, entre otros, la necesidad de inmediatez de respuestas, la falta de profesionales, los picos de gran volumen de demanda y, en aquellas áreas donde se pueden realizar excesivas pruebas diagnósticas, evitar denuncias de pacientes.
RADIOGRAFÍA DE LA MEDICINA DEFENSIVA
Según el estudio “La práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios”, elaborado por OMC, Semes y Sespas, el 90% de los encuestados asegura que la Medicina defensiva ha condicionado su práctica profesional y que el 89,8% admite realizar pruebas diagnósticas de "utilidad dudosa" por prevención ante posibles problemas legales con los pacientes.
Más del 60% de los consultados responden que ellos mismos prescriben pruebas diagnósticas de las que podrían prescindir para evitar un eventual problema legal
Tal y como recogen en medicosypacientes.com, más del 60% de los consultados responden que ellos mismos prescriben pruebas diagnósticas de las que podrían prescindir para evitar un eventual problema legal. Una conducta que más del 90% de los consultados creen que es muy o bastante frecuente en el conjunto de los servicios.
Sin embargo, en cuanto a la prolongación innecesaria de las estancias, la mayoría de los consultados (cerca del 70%) considera que no la induce personalmente, aunque cuando valoran la situación del conjunto, un 60% de los consultados tiene la impresión de que la amenaza de reclamaciones sí que prolonga las estancias.
Además, muchos de los profesionales (entre un 80 y un 90%) no se sienten suficientemente respaldados por las instituciones en las que trabajan ni tampoco se consideran adecuadamente formados en los aspectos relacionados con eventuales reclamaciones legales de los pacientes.
"Desde la corporación se ha demando al Gobierno, desde hace mucho tiempo, un plan de actuación integrado que fomente la cultura de la seguridad del paciente y potencie el desarrollo de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020”
Ante esta situación, el presidente de la OMC, Serafín Romero, ha destacado que desde la corporación se ha demando al Gobierno, “desde hace mucho tiempo, un plan de actuación integrado que fomente la cultura de la seguridad del paciente y potencie el desarrollo de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020”. Para ello, exigen al Ministerio la aprobación de un Baremo de Daños Sanitarios. Además, insistió en la necesidad de apoyar a los médicos y de promover la educación en salud en los ciudadanos.
Por su parte, Beatriz Gonzále Lopez-Valcarcel, la ex presidenta de Sespas y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), apuntó la necesidad de promover políticas, basadas en la evidencia científica, que resuelvan este problema.
Para el Dr. Sebastián Martínez, médico de Urgencias del Complejo Asistencial de Zamora, la solución pasa por dotar de formación específica a los profesionales que trabajan en los servicios de urgencias hospitalarios.