Un secreto de Estado. Más o menos se podría clasificar así al número de psicólogos y psiquiatras que atiende a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, principalmente a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, resulta imposible en este momento conocer con detalle la composición de esta plantilla de profesionales sanitarios, el porqué se lo ha hecho saber el Gobierno en una respuesta escrita al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que había presentado una pregunta parlamentaria al respecto.
Concretamente, el diputado vasco solicitó una respuesta por escrito al Ejecutivo sobre cuál es el número de psiquiatras y de psicólogos que atienden a los miembros de la Policía Nacional, cuál es el número de psiquiatras y de psicólogos que atienden a los miembros de Guardia Civil y cuál ha sido la variación anual de los mismos en los últimos 20 años.
El Gobierno advierte, a través de una respuesta escrita, que los datos son clasificados como materia "reservada"
El Gobierno, en lugar de responder con los datos como hizo con estas mismas cuestiones planteadas acerca de la composición de la plantilla de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, advirtió al parlamentario de que se trataba de "información reservada". Y es que la Ley no permite saber cuál es la plantilla que se encarga de velar por la salud mental de los cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil.
"En relación con las preguntas formuladas se informa que los datos solicitados están sujetos a la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre Secretos Oficiales, de 11 de mayo de 2004, al encontrarse los mismos clasificados como materia "reservada"con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por la que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre", ha contestado por escrito el Ejecutivo.