“Retomaremos el control de nuestras fronteras y atraeremos los mayores talentos de todo el mundo”. Este es el eslogan con el que la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Pattel, ha vendido el nuevo plan de inmigración puesto en marcha por el Gobierno de Boris Johnson.
Una noticia que ha sorprendido a muchos pero lo cierto es que basta con echar un vistazo al discurso antieuropeísta de Johnson para recordar que durante toda su campaña electoral dejó claras sus intenciones de equiparar a los ciudadanos de la Unión Europea con el resto de inmigrantes, una vez el Brexit se materializase. Situación que se hizo realidad en la medianoche del pasado 31 de enero.
Tres años y medios después del sí al Brexit en las urnas, Londres decía adiós a sus socios europeos tras meses de intensas negociaciones que en muchos momentos, amenazaron con una brusca marcha de los británicos sin acuerdo con Bruselas. Finalmente el documento fue rubricado y ahora ambas partes tienen un año para ultimar todos los puntos relativos a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Uno de los que más polémica está generando es la situación de los ciudadanos europeos que se encuentran trabajando en Reino Unido o la de los que tienen intención de hacerlo. Desde las primarias de Boris Johnson su mensaje ha dejado claro (y fue apoyado por la mitad de los británicos) que en Reino Unido no hay sitio para aquellos que no consigan dar la talla.
De nuevo, ninguna sorpresa si recordamos que una de las proclamas que encumbraron al éxito al Brexit era la de poner fin a la distorsión generada por la libertad de movimiento y que Reino Unido fuese el que tuviese el control de sus fronteras.
El nuevo plan de inmigración ha sido calificado por la patronal y los sindicatos como el más duro del último medio siglo. Advierten que con su aplicación se corre el riesgo de un “desastre” en sectores como la sanidad, la hostelería o la agricultura que, hasta el momento, están siendo sostenidos por una población de inmigrantes procedentes de la Unión Europea que ronda los tres millones de personas.
UN SISTEMA DE PUNTOS
Dentro de este plan de inmigración se deben contemplar tres vertientes. La primera de ellas pone el foco en los turistas.
Estos podrán seguir viajando a Reino Unido sin ningún problema y cumpliendo con unos requisitos que no difieren de aquellos impuestos por los países que se encuentran fuera de la Unión Europea. Los turistas procedentes de la Unión Europea podrán residir en el país durante un periodo no mayor a los seis meses sin necesidad de visado aunque no contarán con permiso de trabajo.
En el caso de los inmigrantes que ya estén trabajando en Reino Unido, si sus permisos de residencia y trabajo están en regla no se verán afectados por la nueva reforma.
Advierten que con su aplicación se corre el riesgo de un “desastre” en sectores como la sanidad, la hostelería o la agricultura que, hasta el momento, están siendo sostenidos por una población de inmigrantes procedentes de la Unión Europea que ronda los tres millones de personas
El cambio afectará para aquellos que quieran conseguir un visado o un permiso de trabajo. Los ciudadanos de la Unión Europea serán tratados de la misma forma que los inmigrantes procedentes de cualquier otro país. Aquí entra en juego un sistema de puntuación con unas características muy similares a las del australiano.
Un sistema que orbita alrededor de varios ejes fundamentales. Aquellos que quieran residir o conseguir un permiso de trabajo en Reino Unido deberán contar previamente con una oferta de trabajo en el país, demostrar una cualificación profesional, contar con el nivel de inglés requerido, encajar en alguno de los sectores que demanden mayor mano de obra y superar el umbral de las 25.600 libras anuales (30.625 euros). Este último requisito, en situaciones especiales, podrá rebajarse hasta las 20.470 libras (24.488 euros).
El objetivo es alcanzar 70 puntos. De esta forma quedarán fuera todos los trabajadores no cualificados, la gran mayoría de los autónomos y todos aquellos que llegan a Reino Unido a cubrir puestos en el campo, la construcción, la limpieza o el cuidado de ancianos y enfermos. Puestos que serán cubiertos por británicos que deberán ser formados por las empresas para cubrir las vacantes que comenzarán a dejar los inmigrantes.
LA CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA SANITARIO
El nuevo plan de inmigración entrará en vigor a partir del 2021, una vez haya finalizado el periodo de transición del Brexit.
En las 10 páginas en las que se detalla el plan se indica además que los inmigrantes europeos tendrán que pagar anualmente 500 euros para contribuir al Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) si quieren tener acceso a la sanidad pública.
En el caso de los científicos, estos profesionales podrán conseguir una visa de residencia sin necesidad de que exista una oferta laboral previa
Una vez cumplan con todos los requisitos y consigan residir y trabajar legalmente en Reino Unido, los inmigrantes deberán esperar cinco años para poder solicitar ayudas sociales.
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES SANITARIOS
El plan de Boris Johnson en materia de inmigración puede resumirse en pocas palabras: únicamente se aceptarán inmigrantes brillantes.
En el caso de los científicos, estos profesionales podrán conseguir una visa de residencia sin necesidad de que exista una oferta laboral previa. Una decisión que encuentra su origen en el hecho de que Reino Unido no está dispuesto a perder su papel como líder europeo en la investigación de fármacos en las primeras etapas, el diseño y la organización de ensayos en la Unión Europea.
“Queremos atraer a personas con el talento adecuado”
La mejor vía para limitar el daño potencial del Brexit es que el país mantenga una estrecha relación con la Unión Europea en este sentido a través de una estrategia alineada con las reglas comunitarias para que los investigadores puedan mantener colaboraciones y evitar la creación de dos sistemas regulatorios separados.
Si ponemos el foco en el los inmigrantes que quieran acceder a puestos en la sanidad o la asistencia social, los requisitos anteriormente expuestos se verán flexibilizados. “Queremos atraer a personas con el talento adecuado”, declaraba en este sentido Pattel.
A fecha de 31 de enero de 2020 los Colegios Oficiales de Médicos indicaban que habían expedido un total de 4.100 certificados de idoneidad a médicos para trabajar en el extranjero. El país preferente ha sido Reino Unido.
En los últimos meses profesionales sanitarios, médicos y enfermeras y enfermeros españoles han dado la voz de alarma: sin ellos, el NHS podría colapsar. Cabe recordar que a principios del pasado año la sanidad pública británica necesitaba cubrir alrededor de 100.000 vacantes de médicos y auxiliares de enfermería.
Motivos por los que, tras aprobarse el nuevo plan de inmigración, el sector sanitario ha dado la voz de alarma. Un punto en el que coinciden los laboristas que consideran que el Gobierno está confundiendo los salarios con el valor y la importancia del trabajo.