La sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, en un contexto de progresivo envejecimiento de la población y descenso de las tasas de natalidad, plantea un importante desafío que ha llevado a muchos países a reformarlos con el objetivo de poder mantener la solvencia financiera.
Uno de los principales instrumentos políticos que se utilizan en este sentido es la restricción del acceso a los planes de jubilación anticipada a través del aumento de la edad mínima de acceso a la pensión. A pesar de que se cuenta con una amplia literatura sobre las respuestas de la oferta de trabajo a estas reformas en las pensiones, se cuenta con muy pocos datos sobre cómo impacta el aumento de la edad de jubilación en la mortalidad.
Un reciente análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sugiere que retrasar la salida del mercado laboral un año, incrementa el riesgo de muerte entre los 60 y los 69 años cinco puntos porcentuales hasta alcanzar un 50%.
El aumento más fuerte se registra entre los 60 y los 64 años, alcanzando hasta el 76% cuando las pensiones públicas no son accesibles para las personas que comenzaron a cotizar después de 1967. “Esto sugiere que el efecto negativo de retrasar la jubilación en la mortalidad está impulsado principalmente por el efecto inmediato de perder el acceso a los planes de jubilación anticipada”.
Retrasar la salida del mercado laboral un año incrementa el riesgo de muerte entre los 60 y los 69 años cinco puntos porcentuales hasta alcanzar un 50%
Los responsables de este trabajo han explorado varios mecanismos para explicar los efectos perjudiciales para la salud de retrasar la edad de jubilación. En primer lugar señalan que las condiciones de cada trabajo antes de la jubilación son esenciales. Indican que permitir que los trabajadores reduzcan de forma gradual la jornada laboral al final de su carrera, haciendo de la jubilación parcial una opción, puede incentivar a los trabajadores a permanecer más tiempo en activo sin que su salud se vea perjudicada.
“La aplicabilidad y relevancia de nuestros hallazgos se extiende más allá del ámbito español. Retrasar la edad de jubilación legal y el cierre de las opciones de la jubilación anticipada se encuentran en la agenda política de muchos países”, exponen. “Sin embargo, la evidencia empírica existente sobre los efectos de la jubilación en la mortalidad descansa, casi exclusivamente, en estimaciones de experimentos políticos que han posibilitado la jubilación anticipada”, añaden.
En este sentido argumentan que “dado que no está claro si hay impacto simétrico en adelantar o retrasar la edad de jubilación, nuestros hallazgos sobre el efecto de la mortalidad de retrasar la edad de jubilación son particularmente relevantes”.
Destacan además como elemento a tener en cuenta los debates que suscitan los impactos heterogéneos en la mortalidad sobre el retraso de la edad de jubilación y las consecuencias distributivas del aumento de la edad legal de jubilación. “Encontramos que los individuos que tienen trabajos extenuantes, tanto física como mentalmente (que generan y/o suponen un gran estrés) son los que más sufren con el retraso de la edad de jubilación”, indican los autores.
En base a lo expuesto la conclusión del estudio es clara: “es crucial proporcionar opciones para la jubilación gradual y la jubilación flexible al mismo tiempo que se aumenta la edad legal de jubilación”.