Los profesionales sanitarios que ejercen su actividad en los centros penitenciarios españoles han sufrido un total de 22 agresiones en los últimos tres años. En una respuesta dada a una pregunta parlamentaria del PSOE, el Gobierno ha contabilizado estos sucesos, de los cuáles la mayoría (21) han sido de gravedad “leve” y una acabó “sin lesiones”.
Por años, en 2015 se registraron cuatro agresiones leves. Dos de ellas tuvieron lugar en el Hospital Psiquiátrico de Sevilla, una en el Psiquiátrico de Alicante y otra en el centro Madrid V. En 2016, las agresiones se duplicaron (ocho leves) y éstas se repartieron entre los mencionados centros de Sevilla (cinco) y Alicante (tres).
El centro penitenciario donde más agresiones a sanitarios se han contabilizado en los últimos tres años ha sido el Hospital Psiquiátrico de Sevilla: 11 agresiones, la mitad de todos los ataques
Y fue en 2017 cuando más agresiones a sanitarios se produjeron en los centros penitenciarios, hasta las diez (nueve leves y una sin lesiones). Por centros, es el Hospital Psiquiátrico de Sevilla donde más se produjeron de nuevo, con cuatro. El resto, tuvieron lugar en los centros de Jaén, Madrid III, Murcia II, el Psiquiátrico de Alicante, Topas (Salamanca) y Valencia.
MEDIDAS PREVENTIVAS: UN PROTOCOLO
Tras informar del número de estos ataques, el Gobierno ha respondido también a la solicitud del diputado del PSOE, Jesús María Fernández, quien preguntaba por las medidas que estaba adoptando “para prevenir este tipo de agresiones a funcionarios sanitarios de prisiones”. Sin embargo, se ha limitado a citar el Protocolo específico puesto en marcha en junio del año pasado para prevenir estas actuaciones violentas.
Así, algunos de los objetivos de este protocolo son los siguientes: prevenir situaciones potencialmente conflictivas que puedan generar agresiones a los empleados públicos; establecer medidas y estrategias preventivas con pautas de actuación claras; adoptar medidas correctoras que eviten nuevos episodios de violencia; velar por la seguridad y salud de los empleados públicos penitenciarios; apoyar a aquellos que hayan sido víctimas; y reforzar el papel de los delegados de prevención.