Según el artículo 143 del Código Penal vigente, en nuestro país el suicidio no es ilegal, pero sí lo es la cooperación necesaria al suicidio
La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la cual eran socios los dos condenados, ha organizado este miércoles una rueda de prensa para aclarar que, aunque consideran que la condena de la Fiscalía de Avilés no está justificada, los acusados se declararon culpables para evitar el ingreso en prisión, y viendo que “la ambigüedad de la ley y la falta de jurisprudencia podrían haber llevado a una interpretación opuesta de los actos incriminados”, como señalan en un comunicado.No obstante, aclaran que, en el caso de la mujer, se trataba de una persona con “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar a la que los acusados nunca conocieron”. Mientras que, en el otro caso, “se confundió la sedación paliativa con la eutanasia”.
En este sentido Luis Montes, presidente de la asociación, ha recordado que, según el artículo 143 del Código Penal vigente, en nuestro país el suicidio no es ilegal, pero sí lo es la cooperación necesaria al suicidio (por lo que han sido condenado los acusados), por lo que “denunciamos la reciente aplicación de este artículo en sus aspectos más duros, en clara contradicción con la modificación realizada en 1995, y sobre todo con la opinión mayoritaria de la sociedad que, preocupada por las condiciones atroces en las que demasiadas personas se ven obligadas a vivir su final, se manifiesta favorable a la legalización de las conductas eutanásicas”.
DE CARA A LAS ELECCIONES
Montes ha pedido así que, de cara a las próximas elecciones del 26 de junio, los partidos políticos metan en agenda el asunto de la eutanasia: “Lo han tratado siempre de una forma ambigua. Mi opinión es que la población afectada no es suficiente como para crear un ámbito de afines a los partidos” que les dé rédito político. Al tiempo que, considera, “los partidos no quieren enfrentarse con los restos, aunque ya solapados, del nacionalcatolicismo en este país, y toparse con la Iglesia”.
Respecto a los partidos que están más dispuestos a apoyar medidas de muerte digna, Montes ha recalcado a “las fuerzas que se denominan del cambio”, que sí estarían dispuestas a plantear una ley de garantías de disponibilidad de la propia vida. “Nosotros al menos vamos a trabajar duramente para que esto ocurra y para que otros partidos también lo incluyan en sus carteras”.
Precisamente, y con motivo de las elecciones del pasado 20 de diciembre de 2015, la asociación realizó un informe en el que analizaba los programas electorales de los partidos en relación a este asunto. Así, destacaba que, aunque partidos como el PSOE o Ciudadanos abordaran el tema de la muerte digna y cuidados paliativos, lo hacían de manera “insuficiente” y sin aportar nada nuevo a lo ya vigente. Por otro lado, la candidatura de Unidad Popular era la única que apostaba por una ley reguladora y por que la eutanasia y el suicidio asistido dejen de ser delito, mientras que el PP no hacía mención a la muerte digna, ni a la eutanasia “ni a ningún otro concepto relacionado con éstos”.
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