La PNL presentada por el portavoz de los populares del Congreso, Rafael Hernando, menciona la actual Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que en su disposición adicional sexta dice que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
La SESP y la OMC reclaman esta transferencia para poner "fin a los obstáculos para el acceso a la salud de las personas presas en España"
No obstante, esta sonada transferencia aún no se ha ejecutado trece años después de la aprobación de la Ley 16/2003. Es más, el propio Partido Popular reconoce en el texto que a día de hoy “existe un incumplimiento del mandato legal” establecido en la citada disposición, provocando a su vez “importantes repercusiones negativas para la igualdad y equidad en relación a la salud, pero también en la organización de los servicios de salud a los reclusos”.Además de las distintas reclamaciones que los partidos políticos han realizado durante los últimos años, el hecho de que el PP presente ahora esta PNL puede verse también motivado por las continuas reclamaciones de colectivos como la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) o la Organización Médica Colegial de España (OMC), que llevan demandando desde hace tiempo “el fin de los obstáculos para el acceso a la salud de las personas presas en España”.
Estos grupos, junto con otros como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han calificado además esta transferencia como uno de los aspectos más problemáticos y que lo llevan solicitando durante años, recordando, además, que tan sólo se ha procedido a esta acción en el País Vasco, experiencia que consideran “exitosa”.
ACUERDO CON PACIENTES
Por otra parte, el PP ha planteado otra PNL para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en relación a formalizar e implementar “un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes”.
En el texto presentado, los populares buscan establecer un “espacio de colaboración” para que los pacientes tengan una mayor participación “en el diseño y la planificación de estrategias de salud y políticas sanitarias” así como para “concretar mejoras en su formación, en el acceso y la consulta de información, y en la promoción y la educación en salud”.
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