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Podría afectar a su situación laboral

“Incertidumbre” entre los sanitarios catalanes por las consecuencias penales del referéndum

El sindicato CSIF Cataluña transmite a la Generalitat la preocupación de los empleados públicos, entre ellos los sanitarios, por las posibles órdenes ilegales que puedan recibir por parte de sus superiores el próximo 1 de octubre.
“Incertidumbre” entre los sanitarios catalanes por las consecuencias penales del referéndum

1 min

12.09.2017 - 23:59

El responsable del sindicato CSIF en Cataluña, Joan Escanilla, ha transmitido este martes al Govern los “mensajes de incertidumbre” que ha recibido por parte de los funcionarios catalanes, entre ellos los sanitarios, como consecuencia del proceso independentista.

“En el caso de Sanidad quizás no haya mucho conflicto, pero es importante garantizar la seguridad jurídica del empleado”
En una reunión con la directora general de relaciones sindicales de la Generalitat, Pilar Sorribes, el portavoz sindical ha recordado que está recibiendo numerosas consultas particulares de empleados públicos trasladando su incertidumbre y el nerviosismo ante la organización del referéndum en centros escolares y dependencias municipales. “Los empleados públicos temen por su situación laboral y las consecuencias penales de las órdenes o decisiones administrativas de la Generalitat”, asegura CSIF en un comunicado.

En lo que respecta a la consulta del 1 de octubre, Escanilla explicaba a Consalud.es que “en el caso de Sanidad quizás no haya mucho conflicto, pero es importante garantizar la seguridad jurídica del empleado”.

Por ello, su sindicato ha intensificado a lo largo de este mes la campaña informativa para asesorar a los empleados públicos sobre cómo actuar frente a las órdenes ilegales derivadas del referéndum y del proceso independentista.

En este sentido, el protocolo elaborado por la organización aconseja que, en el caso de recibir una orden por parte de sus superiores jerárquicos que entiendan que pueda ser ilegal o inconstitucional, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

En el caso de que el superior persista en su requerimiento, el protocolo recomienda al profesional dejar constancia también por escrito de su parecer sobre la ilegalidad de la orden. Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes o incluso ante la Fiscalía.

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