La “consulta” catalana de Comín sobre prescripción enfermera divide a los profesionales

La consulta pública lanzada por la Generalitat sobre el proyecto de decreto autonómico para regular la prescripción enfermera se cierra sin que médicos y profesionales de la Enfermería acerquen posturas.

La “consulta” catalana de Comín sobre prescripción enfermera divide a los profesionales
La “consulta” catalana de Comín sobre prescripción enfermera divide a los profesionales
CS
11 septiembre 2017 | 14:00 h
La Generalitat de Cataluña puso en marcha a principios de agosto una consulta pública para que los ciudadanos conocieran el texto y aportaran su opinión sobre el proyecto de decreto de prescripción enfermera en Cataluña, que fue presentado en julio y que el Departamento de Salud de Toni Comín tiene intención de sacar adelante en los próximos meses.

La Enfermería defiende que la normativa servirá para “dar cobertura jurídica” a sus actuaciones, mientras que los médicos recuerdan que sólo el facultativo, “quien diagnostica”, tiene la competencia para prescribir
Después de que se haya cerrado el plazo para comentar dicho proyecto (la fecha de expiración es del 10 de septiembre, aunque la consulta sigue apareciendo como “abierta” en el Portal de Transparencia de la Generalitat), las opiniones vertidas por los profesionales y ciudadanos demuestran que, como ya ocurrió cuando se anunció este decreto autonómico, tanto médicos como profesionales de la Enfermería siguen teniendo posturas enfrentadas en cuanto a la prescripción.

Así, de los 60 comentarios realizados en la consulta, en la que se preguntan aspectos como, “¿Considera que es necesario organizar la indicación y el uso de medicamentos y de productos sanitarios por parte de las enfermeras?”, al menos cinco comentarios se han realizado en nombre de sindicatos, colegios o asociaciones de profesionales, tanto de médicos como de enfermeras.

De esta forma, el Colegio de Enfermería de Barcelona defiende que este decreto servirá, “por fin”, para dar cobertura jurídica a una práctica “que las enfermeras y los enfermeros realizamos cada día y desde hace muchos años, pero que, perversamente, el marco legislativo no le acompaña”. Cabe recordar que la normativaestablece que, en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica, la Enfermería podrá indicar algunos de ellos siempre que se cumplan una serie de condiciones, como que estén dentro de un protocolo o guía clínica y que el profesional tenga acreditada una formación específica dentro del ámbito concreto en el que indica el tratamiento.

Por otro lado, el Sindicato Médico de Cataluña (Metges de Catalunya), reitera en su aportación que, aunque el proyecto aún esté en fase preliminar, “la indicación de cualquier medicamento, esté o no sujeto a prescripción médica, requiere siempre de un diagnóstico previo” y recuerda que el acto de diagnosticar recae “en exclusiva sobre el médico, el único profesional formado para este efecto, convirtiéndose así en una competencia propia del facultativo”. En consecuencia, el sindicato mantiene que sin diagnóstico no puede haber prescripción, si se quiere garantizar de verdad la seguridad de los pacientes.

A FAVOR Y EN CONTRA

Tanto a favor como en contra se posicionan también ciudadanos anónimos que defiende, por un lado, que “la prescripción de medicación debe ser únicamente responsabilidad del facultativo”, mientras que, por otro, que regular la prescripción enfermera supondrá “un beneficio para los usuarios porque no necesitaran la visita burocrática con el médico para que les firme la receta del medicamento o producto sanitario indicado por la enfermera, es un beneficio para el sistema porque se ahorra el gasto de una visita médica”, señala uno de los profesionales que han participado en la consulta.

El anuncio de Comín sobre la elaboración de esta normativa autonómica despertó la “sorpresa” del Consejo General de Enfermería (CGE), puesto que su presentación llegó justo cuando las organizaciones de representación estatal de médicos y enfermeros se encuentran inmersas en un proceso de diálogo y negociación, para modificar el polémico Real Decreto de prescripción de 2015.
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