Los fondos europeos eran transmitidos desde el Ministerio de Sanidad a la consejería de Sanidad valenciana, que desde 2011 los repartía entre todos los departamentos, ya fueran de gestión pública o privada
De hecho, esta semana, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado tres resoluciones relativas a otros tantos recursos contecioso-administrativos interpuestos por sociedades de Ribera Salud contra la Consejería, los cuales pasarán a tratarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Como señalan a Consalud.es fuentes de la compañía, los recursos que se interpusieron en julio de 2016, pero que ahora es cuando han pasado los trámites oportunos ante la Justicia, hacen referencia a una decisión de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, sobre la distribución de fondos del “Programa para el Desarrollo de Políticas de Cohesión Sanitaria y Formación continuada en el uso racional de medicamentos en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.
Se trata de unos fondos europeos que gestiona el Ministerio de Sanidad, el cual a su vez los transmite a las comunidades autónomas. Desde el año 2011, en Valencia esto se había traducido en la contratación temporal de farmacéuticos en los hospitales de los departamentos de salud autonómicos, ya fueran de gestión pública o privada.
Con la llegada del equipo de Montón, sin embargo, la Dirección de Farmacia decidió en febrero de 2016 cambiar el sistema de reparto, despidiendo al personal ya contratado e introduciendo estas partidas (en 2015, por ejemplo, fueron de más de 2 millones de euros para Valencia), en el capítulo 1 del presupuesto de cada departamento, referente a gastos de personal.
FONDOS EUROPEOS PARA CONTRATACIONES PÚBLICAS
“El hecho de que tengamos una gestión privada no justifica la retirada de estos fondos públicos, ya que al final el perjudicado será el ciudadano”
Esto implica que, desde entonces, esos fondos no lleguen a los Departamentos donde existen concesiones administrativas, puesto que la Consejería de Sanidad considera que, al tratarse de contrataciones públicas, sólo se puede hacer con los departamentos de gestión pública, ya que en el caso de las concesiones la gestión del personal la realizan las propias empresas.Así, mientras que en otros departamentos volverá a contratarse al personal despedido con estos fondos públicos, Ribera Salud tendría que pagarlas con su propio capital si quiere mantener el programa, según señalan fuentes del grupo.
Ante ello, la entidad recurrió a la Consejería de Sanidad, “porque el hecho de que tengamos una gestión privada no justifica la retirada de estos fondos sanitarios, que provienen de Europa y que desde 2011 se venían distribuyendo a todos los centros. Si ahora se rompen estos programas, al final el perjudicado acabará siendo el ciudadano”. El silencio administrativo de Sanidad llevó a Ribera Salud a pasar a la vía judicial en julio de 2016, pasando ahora al Tribunal Superior de Justicia.
LA CONSEJERÍA DEFIENDE SU ACTUACIÓN
La Consejería de Sanidad, por su parte, defiende a este respecto que lafórmula que se usaba anteriormente “implicaba un contrato de servicios externo, cesión ilegal de trabajadores y ha sido cuestionada por los servicios jurídicos de la consejería”, indican fuentes de la Consejería a este periódico.
Sanidad reconoce que las nuevas plazas no se han introducido en cuatro departamentos de gestión directa, ni en los que se gestionan a través de un consorcio, ni en las concesiones. En el caso de las concesiones “existe la particularidad de que no se puede contratar a través de la transferencia al capítulo I”. No obstante, añade, las concesiones ya cuentan con farmacéuticos de Atención Primaria laborales para dedicarse a unas funciones “que entran dentro del objeto contractual de las concesiones administrativas por las que perciben ingresos de la Administración pública para la prestación sanitaria de los departamentos que gestionan”.
Por todo ello, concluye, “la consejería se ajusta en todo momento a las líneas establecidas” dentro del programa en cuestión.
OTROS MEDIDAS PERJUDICIALES
No se trata, sin embargo, de los únicos conflictos judiciales que la compañía y la consejería de Montón iniciaron antes de que comenzara el enfrentamiento por la reversión de Alzira, puesto que previamente, Ribera Salud ya había interpuesto recursos contra Sanidad a raíz del cambio de las normas para la designación de las unidades de referencia del sistema sanitario, que ha conllevado que en los centros con concesión administrativa se hayan tenido que cerrar determinados servicios.
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