Díaz cita la mejora del modelo de financiación autónomica como "aspecto necesario" para garantizar una sanidad pública y de calidad y para aplicar la Ley de Dependencia
Desde la candidatura de Díaz, llamada ‘100% PSOE', justifican la tardanza en la presentación de estas ideas a que no son tanto para que los militantes las tengan en cuenta y las comparen con las de los otros candidatos, de cara a las primarias de este domingo, sino que son propuestas para que sean debatidas en el posterior 39ª Congreso Federal del partido, que se celebrará más tarde, el 17 y 18 de junio.No obstante, entre las iniciativas presentadas, destaca que aquellas relacionadas con el ámbito sanitario pasan de puntillas dentro del programa general. Para contextualizar, realiza un balance de “los seis años de gobierno del PP”, periodo que según Díaz ha dejado un “paisaje” en el que se incluye el “deterioro de los servicios públicos fundamentales, como la educación pública, la sanidad universal o la atención a la dependencia”.
Para combatir esta situación, la actual presidenta de la Junta de Andalucía apuesta por “impulsar la financiación suficiente para desarrollar políticas públicas”. Así, menciona la mejora del modelo de financiación autonómica como “uno de los aspectos necesarios para garantizar una sanidad y una educación públicas y de calidad y la aplicación de la Ley de Dependencia”.
El documento insiste en "proteger" los "elementos fundamentales" del Estado de bienestar como "el derecho a la salud, la Seguridad Social y un sistema de servicios sociales y pensiones"
En esta última cuestión, propone que quede expresada en la Constitución Española “una financiación que garantice los servicios públicos, y en el caso de la Dependencia, una aportación del Estado de al menos el 50%”. De igual manera, cree necesaria una “actualización” de la Carta Magna encaminada a “mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, de proteger y garantizar suficientemente el Estado de bienestar”.En este sentido, el documento insiste en que es “primordial” la defensa y garantía del Estado de bienestar, por lo que pretenden “proteger sus elementos fundamentales, como el derecho a la salud, la protección por la Seguridad Social y un sistema público de servicios sociales y pensiones”.
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