"Los ciudadanos andaluces deben tener garantizado su derecho de acceder a las prestaciones farmacéuticas"
De este modo, subraya que la sentencia sólo aclara una cuestión normativa de competencias entre administraciones (central y autonómica) y que, en este sentido, la patronal de la industria de medicamentos genéricos en Españ “respeta y acepta el fallo del Constitucional” en cuanto a que las subastas no vulneran las competencias estatales en la regulación de medicamentos.Asimismo, desde Aeseg afirman que seguirán trabajando estrechamente con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la búsqueda de fórmulas que respondan a los intereses de todos los implicados, especialmente los de los pacientes. “Los ciudadanos andaluces deben tener garantizado su derecho de acceder a las prestaciones farmacéuticas en las mismas condiciones que el resto de los españoles. La Ley de Garantías de Sanidad Andaluza, actualmente en trámite parlamentario, podría contribuir a encontrar alternativas a las subastas”, dice la patronal en su comunicado.
El sistema implantado por la Junta de Andalucía no existe en ningún país europeo
Aeseg recuerda que el sistema de adjudicación de medicamentos implantado por la Junta de Andalucía no existe en ningún país del entorno europeo. Tampoco en ninguna otra comunidad autónoma, “donde sí se han puesto en marcha otro tipo de normativas con las que se están consiguiendo los ahorros esperados, sin enfrentarse al riesgo del desabastecimiento de fármacos, el principal problema, como ha puesto en evidencia la experiencia, del sistema andaluz de subasta de medicamentos”.Por último, la patronal de genéricos precisa que es importante apostar por medidas que no favorezcan que se establezcan diferencias entre pacientes en función de la comunidad autónoma de residencia. “Es necesario recuperar la equidad en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, concluye.
LA POSTURA DE FARMAINDUSTRIA
La patronal de la industria farmacéutica también ha manifestado en un comunicado que "acepta y respeta la decisión del Tribunal Constitucional, sin embargo, la posición crítica que Farmaindustria ha defendido en estos años frente a las subastas andaluzas va más allá de este litigio. "Son muchas las razones que muestran que las subastas no son una solución adecuada para una política farmacéutica que debe operar siempre con visión estructural y a largo plazo", dicen.
En primer lugar, por los riesgos de seleccionar un solo proveedor. "Como muestra la experiencia de cuatro años de subastas en Andalucía, en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro. Esto deviene en un desabastecimiento de medicamentos que se salva recurriendo a la cobertura con fármacos de otros laboratorios que operan en ámbito nacional". Adicionalmente, denuncian en el comunicado, "las subastas generan inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) puesto que, cuando se prescribe por principio activo, los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. Dificultan también el acceso a su medicación habitual a muchos pacientes que se desplacen a Andalucía".
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