UGT critica que se reduzca el gasto en personal del Ministerio de Sanidad para personal laboral y funcionario, pero no para altos cargos
Según UGT, estos presupuestos “siguen minusvalorando” la Sanidad, puesto que, pese a que la previsión de crecimiento del PIB se sitúa en el 4,2%, el presupuesto de Sanidad apenas crece un 2,3%.Entre otros aspectos, el sindicato destaca la disminución en los gastos de personal del Ministerio de Sanidad, donde se ha producido una pérdida presupuestaria neta de 358.870 euros respecto al año 2017.
El ministerio sufre así un proceso de descapitalización “por la pérdida de recursos humanos, que se pone de manifiesto con la disminución presupuestaria en gastos de personal, en concreto el asignado al personal laboral y funcionario; mientras que no afecta al grupo de altos cargos, cuyo presupuesto crece en todos los programas”.
A nivel general, los 4.093 millones de euros presupuestos para Sanidad suponen un descenso del 3,8% respecto a los presupuestos de 2011, “último año previo a la reforma sanitaria de 2012, cuyoobjetivo fundamental fue la reducción del gasto sanitario público”, critica UGT en un comunicado.
CC.OO. EXIGE ACLARAR EL USO DE LAS INTERINIDADES
Aunque no ha realizado críticas específicas sobre los presupuestos sanitarios, el sindicato Comisiones Obreras sí que ha puesto en duda la presencia en los presupuestos del Acuerdo para la mejora del Empleo Público firmado con el Gobierno, y que contempla la posibilidad de convocar una Oferta Pública de Empleo (OPE) nacional con hasta 129.000 plazas en Sanidad.
En este sentido, el sindicato ha exigido aclarar lo referente al artículo 19.2 de los presupuestos, que establece la limitación a tres años de los contratos temporales y de interinidad. Frente a ello, la organización propone eliminar este tope de tres años para determinados contratos de interinidad, puesto que lo contrario “que produciría una rotación innecesaria además de vulnerar la legalidad vigente”.
Por otro lado, la organización sindical también exige la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis, proponiendo que los incrementos económicos de los trabajadores públicos, incluidos los de Sanidad, sean del 2,1% con carácter general, en lugar del 1% que tiene previsto incrementar el Gobierno.
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