El convenio permitía al profesional sanitario acudir como paciente a la sanidad pública en las zonas rurales donde las mutuas no disponían de clínicas privadas suficientes
Así lo explican a Consalud.es fuentes del sindicato CSIF Aragón donde confirman, como recoge El Heraldo de Aragón, que unos 17.000 funcionarios aragoneses se han quedado desde el 1 de enero de 2017 sin cobertura sanitaria gratuita después de que no se haya renovado el convenio entre las mutuas dependientes del Ministerio de Hacienda; Muface, Mageju e Isfas, y el Gobierno de Aragón.Estas mutuas ofrecen la asistencia sanitaria a los funcionarios (incluidos el personal de las fuerzas armadas, jueces, pero también médicos, profesionales de la Enfermería, etc.) que eligen este tipo de modelo (también pueden elegir el de la Seguridad Social, como el resto de ciudadanos). De esta forma, “si estás en la mutua y necesitas ir al médico, tienes que dirigirte a una serie de clínicas concertadas con las aseguradoras que forman parte del convenio que estas mutuas firman con el Gobierno de Aragón”, indican desde CSIF.
Es decir, que el médico que elige Muface sólo puede ser atendido por las clínicas privadas que forman parte de esta mutua. El problema, como añaden desde el sindicato, es que en zonas rurales poco habitadas, no siempre hay clínicas de este tipo que puedan garantizar la asistencia sanitaria a los funcionarios, especialmente en lo que respecta a la Atención Primaria.
Por ello, desde hace años, Muface establece convenios con las comunidades autónomas para que sea la sanidad pública la que ofrezca la atención en estos casos, a través de los centros de salud. Pero después dichos centros pasan la factura a la propia Muface y esta, a su vez, a las compañías asegurados que forman parte de la misma, que son quienes pagan las facturas. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, cobró en 2013 un total de 1.644.575 de euros por esta asistencia que no podían cubrir las mutuas.
Sin embargo, la no renovación de este convenio para 2017, según recoge El Heraldo de Aragón, por desavenencias económicas entre el Ejecutivo y las mutuas, lleva a que, cuando el funcionario tiene que recibir asistencia sanitaria en estos centros públicos, tenga que pagar él mismo la factura, que suele tener un importe mínimo de unos 70 euros por una consulta con un médico de Atención Primaria.
CSIF espera que se resuelva una situación “bochornosa y que supone un nuevo recorte de derechos para los funcionarios del medio rural”
“El funcionario puede pasarle luego a Muface la factura o directamente a sus aseguradoras para que se las paguen, pero las aseguradoras pueden argüir que no hay convenio firmado y no están obligadas por tanto a pagarla”, señalan las mismas fuentes.Desde el sindicato, no obstante, esperan que tanto el Gobierno aragonés como las mutuas se pongan de acuerdo en breve para evitar “esta situación bochornosa y que supone un nuevo recorte de derechos para los funcionarios del medio rural”. Y mientras llega ese acuerdo, deberán articular la fórmula que estimen oportuna para garantizar la inmediata devolución de lo que los pacientes han de pagar anticipadamente a la Seguridad Social.
Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, con el Gobierno de Aragón, para conocer el estado actual de las negociaciones así como su versión sobre la no renovación del convenio.
EL CASO DE NAVARRA
Aunque se trata de una situación distinta, el Gobierno de Navarra también informó hace unos días de que, según varias sentencias judiciales, han de ser el mutualista acogido a Muface, Mugeju o Isfas, los responsables del pago de los servicios de la red pública que decidan utilizar, especialmente cuando a acuden a servicios de urgencias de la sanidad pública pese a ser mutualistas.
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