Desde Comisiones Obreras consideran que no hay “base jurídica” para que el Ministerio de Hacienda interponga un recurso
Así, y aunque este martes está prevista una Mesa Sectorial de Sanidad para tratar este asunto con los representantes de los trabajadores, desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha ya se han mostrado en contra de la amenaza del Gobierno central, que insta al Ejecutivo autonómico a reducir al menos el 50% de plazas de la convocatoria. Según señalan en un comunicado: “Creemos que la disminución de profesionales (anestesistas, radiólogos, traumatólogos entre otros), las masivas jubilaciones obligatorias y la reducción de los MIR en más de un 50% ha repercutido en la calidad de la atención a los pacientes y en el aumento de listas de espera”, por lo que reivindican que se convoquen “todas las plazas que estaban previstas para 2016 y se inicie el estudio para la convocatoria de plazas del 2017”.
En este sentido, desde el sindicato Comisiones Obreras también brindan su “apoyo y colaboración sindical” al Gobierno presidido por Emiliano García-Page puesto que, consideran, no hay “base jurídica” para que el Ministerio de Hacienda presente un recurso contra las oposiciones, puesto que “el personal estatutario que participa en un concurso de traslados para irse a otros servicios de salud no conserva su puesto de trabajo y por lo tanto esa plaza queda vacante".
Desde el sindicato CSIF, por su parte, también han calificado de “lamentable” la amenaza del Gobierno en funciones y han exigido que la tasa de reposición sea “del 100% en Sanidad, porque de lo contrario las plantillas se verán reducidas, y eso afectará a los pacientes”, ha señalado la responsable de Sanidad del sindicato, Sacramento Rodríguez.
PROBABLE COLABORACIÓN
De momento, el Ejecutivo regional ha advertido que no modificará la oferta de plazas (formada por un total de 669 para sanitarios) y que se reunirá con los profesionales con el fin de “poner todos los medios para conseguir ganar el recurso y ofrecerles la colaboración de nuestro gabinete jurídico y los suyos para actuar como hicimos con la jornada de las 35 horas semanales, otro de los obstáculos del Gobierno en funciones”, señala el director general de Función Pública, José Narváez.
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