“La condena del TSJCV también obliga a pagar las costas y Montón ha arrastrado también a asociaciones y colectivos por su mala gestión. Debería dimitir por dignidad”
Estas medidas, según Zaplana, ha generado expectativas a las personas más desfavorecidas de la sociedad “sólo para obtener rédito electoral”. De forma que, “son la improvisación y las ansias partidistas de Montón lo que ha provocado esta sentencia que declara la nulidad de los decretos de copago a personas con diversidad funcional y pensionistas del Consell porque no fijan los presupuestos económicos que deben tener los posibles beneficiarios”.Zaplana ha señalado que “son los tribunales y no el PP quienes han dictaminado que el Consell aprueba normas ilegales. La consejera no se mueve por criterios de gestión directa sino por motivos electorales que es por lo que sacó esta norma en vísperas de las generales de diciembre de 2015”.
El diputado popular ha puesto sobre la mesa su duda sobre qué ocurrirá ahora, puesto que “nadie puede garantizar qué va a pasar ahora por haber aprobado una norma ilegal. En Montón todo es mala gestión e improvisación que repercute directamente en perjuicio de las personas más desfavorecidas”, añade.
José Juan Zaplana ha explicado que Montón “intentó eliminar el copago en diciembre de 2015 para incorporarlo en el presupuesto de 2016 en la ley de acompañamiento. Pero el CJC (Consejo Jurídido Consultivo) advirtió de la ilegalidad y había elecciones generales por lo que se vio obligada a improvisar y aprobarlo como subvención y con el criterio de universalidad”.
Frente a ello, desde el PP aseguran haber mantenido siempre que las ayudas han de realizarsecon carácter progresivo. “La improvisación y el interés de Montón de sacar adelante ese copago para que le diera puntos en un futuro gobierno de Sánchez, le llevó a un decreto sin madurar y evidentemente ilegal”, añade.
DECRETO MAL REDACTADO
El portavoz popular ha explicado que el PP ha venido advirtiendo en reiteradas ocasiones que ese decreto estaba mal redactado, que no era el que se necesitaba y que iba a dar problemas legales como así ha sido. “No es un tema del gobierno de Rajoy o del PP sino es una cuestión de los tribunales que han dicho que el decreto está mal hecho, que el Consell no tiene capacidad normativa para publicar ese decreto y que, al intentar meterlo como subvención estableciendo un criterio de universalidad, también incurren en ilegalidad. Todo fueron prisas en su momento para Montón buscarse un espacio político a nivel nacional”.
Por último, el diputado popular ha recordado que “la condena del TSJCV también obliga a pagar las costas y Montón ha arrastrado también a asociaciones y colectivos por su mala gestión. Debería dimitir por dignidad”.
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