Las redes 5G parecen una realidad que estará implantada en la gran mayoría de los países más pronto que tarde, de hecho, se espera que las principales ciudades españolas cuenten con esta tecnología de cara a 2020. Sin embargo, son muchos sus detractores.
Bruselas ha decidido parar la tecnología 5G al considerarla contaminación electromagnética. De esta manera se ha convertido en la primera ciudad en parar su desarrollo. Céline Fremault, ministra del país, ha llegado a afirmar en una entrevista que no pueden aceptar esta tecnología “si los estándares de radiación, que deben proteger al ciudadano, no se respetan”.
Suiza introducirá un sistema de monitoreopara mitigar las preocupaciones
Pero Bruselas no es el único territorio que ha decidido plantarle cara a esta tecnología. Suiza introducirá un sistema de monitoreo para mitigar las preocupaciones sobre el impacto potencial en la salud de las emisiones de frecuencia móvil de quinta generación (5G) y suavizar el lanzamiento de la tecnología de vanguardia.
El gobierno suizo acordó que la agencia ambiental federal mida los niveles de la llamada radiación no ionizante, evalúe los riesgos e informe regularmente al público sobre sus hallazgos.
La medida se produce cuando algunos cantones suizos se resisten a autorizar las nuevas antenas necesarias para soportar los servicios 5G. Los operadores de telecomunicaciones están interesados en que las frecuencias 5G obtengan una ventaja en los nuevos servicios digitales, como la potencia de los autos que conducen o el Internet de las cosas: dispositivos inteligentes y sensores que pueden administrarse de forma remota y se espera que proliferen a medida que se lanzan las redes móviles de quinta generación En los próximos años.
Sin embargo, un poco más de la mitad de los suizos temen que la radiación de las antenas móviles pueda ser peligrosa, lo que alimenta las reservas sobre el posible impacto en la salud debido a que los niveles de radiación no se miden de manera rutinaria, señaló un informe del gobierno.
El Parlamento también se ha negado dos veces a modificar los límites de emisiones existentes hasta que esté más claro qué riesgos podrían surgir.