El rescate de las clínicas dentales Vivanta, aprobado en junio de 2022 por valor de 40 millones de euros continúa enfrentando al Consejo de Transparencia y al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Transparencia ha vuelto a avisar al ministerio que debe entregar los informes y documentos en los que se muestre la consideración del grupo Vivanta como una empresa estratégica para poderse acoger al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Transparencia ya emitió en el mes de mayo una resolución en la que solicitaba a Hacienda los informes en los que se basó el Consejo de Ministros para considerar a Vivanta como una empresa estratégica, otorgando al ministerio diez días para entregar la documentación. Un mes después según denunció el Consejo General de Colegios de Odontólogos de España, ni Hacienda ni la SEPI habían entregado la documentación requerida.
Transparencia considera que el ministerio dirigido por María Jesús Montero debe entregar los informes del rescate a Vivanta ya que “existe un elevado interés público en conocer la justificación del rescate” y por la vinculación a la concesión de ayudas públicas. La resolución pone fin a la vía administrativa y se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
La SEPI deberá remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una “empresa estratégica” para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas
El 27 de junio de 2022 el Consejo de Ministros y la SEPI aprobaron conceder al grupo Vivanta un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Este fondo público, fue aprobado tras crisis del covid-19, con la finalidad de ayudar a empresas consideradas “estratégicas” para la economía española que, siendo viables antes de la pandemia, hubiesen sufrido pérdidas como consecuencia de la pandemia.
En el momento del rescate, el grupo Vivanta contaba solo con 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España y nunca había dado beneficios antes de la pandemia de covid-19. El Consejo General de Dentistas se posicionó desde el primer momento contrario al rescate. En un comunicado indicaba: "El Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal para todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto".
“Nosotros somos la Organización Colegial de Dentistas y representamos a todos los profesionales que ejercen la Odontología en España. Hay muchos dentistas que tuvieron que cerrar sus clínicas tras la pandemia y otros que siguen teniendo hoy en día dificultades para continuar con su actividad. Por eso, no entendemos que haya habido ayudas específicas para una determinada empresa y no hayan existido para el resto de dentistas”, indicó el presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro.
El Consejo de Dentistas defiende a los odontólogos autónomos frente a una mercantil como el Grupo Vivanta, que señalan “pertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en publicidad a pesar de estar atravesando una crisis financiera y que presentó un ERE para reducir su plantilla de empleados, se ha podido beneficiar de un rescate de 40 millones de euros sin que hasta la fecha se hayan podido conocer los motivos para que fuera declarada empresa estratégica”.