Para el gobierno catalán, hay que reducir el consumo de las bebidas azucaradas para paliar los problemas de peso de la sociedad; sin embargo, no ha tenido en cuenta otro tipo de alimentación que también inciden, e incluso más que los refrescos, en la obesidad, como puede ser la bollería, comida rápida o galletas.
"Se trata de una tasa que rompe la unidad del mercado"
Por eso, detrás de esta tasa impositiva siempre ha estado la sombra del afán recaudatorio, ya que según el Estudio Aladino, el 7,8% de los menores de entre 6 y 9 años en España consumen galletas, pasteles, donuts o bollos a diario, frente al 1,1% que toma refrescos cada día.En este sentido, el sector agroalimentario, las empresas de alimentación y distribución han pedido al Gobierno central que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este impuesto sobre las bebidas azucaradas, ya que, según queda registrado en un informe jurídico, se trata de una tasa que rompe la unidad de mercado, pues el mismo producto cuesta hasta ocho céntimos más caro en Barcelona, Tarragona, Lérida o Gerona, frente al resto del país.
Y es que, tal y como ha explicado Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia, se trata de un gravamen “discriminatorio”, ya que “se debería imponer a todos los ingredientes o alimentos que incidan en la obesidad y no solo las bebidas”, por lo que describen el impuesto de “excluyente”.
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