En Reino Unido, el aborto es legal hasta la semana 24 de embarazo. Sin embargo, Carla Foster, de 44 años, abortó fuera de este límite, pues estaba de 32 a 34 semanas, según afirma la Justicia británica. Por ello, Foster ha sido condenada a más de dos años de prisión, de los que pasará 14 meses bajo custodia y el resto con permisos.
Esta situación ha agitado a la opinión pública, logrando que varias organizaciones de salud de mujeres envíen al tribunal una carta firmada conjuntamente, solicitando una sentencia sin privación de libertad. Sin embargo, el juez alegó que una sentencia sin privación de libertad “no era apropiada” y que su deber era “aplicar la ley según lo dispuesto”, pese a que señaló que Carla Foster era una buena madre para sus tres hijos, uno de ellos con necesidades especiales.
Barry White: "La acusada bien podría haber hecho uso de los servicios si hubieran estado disponibles en ese momento"
Carla Foster solicitó el medicamento para abortar a través del programa “píldoras por correo”, tras someterse a una consulta en la que mintió sobre lo avanzado que estaba su embarazo. El mencionado programa fue un recurso que se introdujo durante el confinamiento, para que las mujeres pudieran interrumpir en casa sus embarazos, siempre que fuesen de hasta diez semanas. A partir de este límite, los abortos deberán ser llevados a cabo en una clínica.
Según la información proporcionada al Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), la mujer recibió el medicamento al estimarse que su embarazo era de siete semanas. Así, tras tomar las píldoras abortivas en mayo de 2020, realizó una llamada de emergencia diciendo que estaba de parto. La muerte del bebé se confirmó 45 minutos después, pues el bebé había nacido sin respiración. Finalmente, la autopsia reveló que la causa de la muerte se debía a que la madre había ingerido fármacos abortivos.
El equipo legal de Carla Foster explicó esta situación alegando que la pandemia de Covid-19 y su reducción de citas presenciales habían cambiado el acceso a la atención médica. Por ello, la mujer tuvo que buscar la información por su cuenta, en plataformas digitales. "La acusada bien podría haber hecho uso de los servicios si hubieran estado disponibles en ese momento", dijo su abogado Barry White, que añadió que a Carla Foster "esto la perseguirá para siempre".
Además, el tribunal aceptó que Foster se encontraba “en una confusión emocional” mientras buscaba ocultar el embarazo. Esto se debía a que se había mudado de nuevo con su ex pareja al comienzo de la cuarentena, pero estaba embarazada de otro hombre. Sin embargo, el juez se mantuvo firme en su decisión.
La sentencia ha generado protestas entre organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres. Además, el Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo ha añadido que estaba “conmocionado y horrorizado” por la sentencia, basada en lo que consideran como una “ley arcaica”.
Clare Murphy: "Una mujer que tuvo un aborto sin seguir los procedimientos correctos acaba de obtener 28 meses en virtud de una ley de 1868"
Para la organización, este episodio revela una problemática que ha ido aumentando con el tiempo. "Durante los últimos tres años, ha habido un aumento en el número de mujeres y niñas que enfrentan el trauma de largas investigaciones policiales y amenazas de hasta cadena perpetua bajo nuestra arcaica ley de aborto", ha afirmado Clare Murphy, directora ejecutiva de BPAS.
En este sentido, ha subrayado que “ninguna mujer puede volver a pasar por ello”, por lo que solicita cambios en la legislación. "Una mujer que tuvo un aborto sin seguir los procedimientos correctos acaba de obtener 28 meses en virtud de una ley de 1868: necesitamos una reforma urgente para hacer que el acceso seguro para todas las mujeres en Inglaterra, Escocia y Gales sea un derecho humano", concluye Murphy.