La crisis de los opioides hace referencia a la situación que se vive a día de hoy en los Estados Unidos debido al gran aumento de drogadictos y muertes asociadas al uso indebido de analgésicos opioides, concretamente el fentanilo. Esta “epidemia” que surgió con el fármaco OxyContin, producido por la familia Sackler y Purdue Pharma, ha provocado entre 1999 y 2019, cerca de medio millón de fallecimientos, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Para llegar a este punto se han sucedido una serie de acontecimientos que han permitido la venta masiva de un analgésico 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuertes que la morfina. Entre ellos, una clara falta de control acompañada de publicidad engañosa, ya que no se advertía de los peligros que conlleva el fentanilo, e incluso se trataba como tratamiento para dolores menores.
Con el paso de los años numerosas empresas y cadenas de farmacias han sido demandas por su participación en esta terrible crisis, una ola de acusaciones que continúa a día de hoy. En concreto, en este 2023, el Gobierno de Estados Unidos ha demandado tanto a AmerisourceBergen Corp, uno de los distribuidores de medicamentos más grandes del país, como a la cadena de farmacias Rite Aid Corp.
Estas compañías y otras tantas señaladas como cómplices en la crisis de los opioides han sufrido graves consecuencias en términos económicos tras ser demandadas, muchas de ellas incluso se han declarado en bancarrota como última opción
En el primer caso, a inicios de año, el gobierno del país norteamericano informó que desde 2014 la distribuidora había modificado intencionalmente la forma en la que una de sus unidades había monitorizado los pedidos, reduciendo así el número que se sometió al escrutinio interno, “priorizando las ganancias sobre sus obligaciones legales y el bienestar de los estadounidenses”, indicó la fiscal general Vanita Gupta.
Por parte de Rite Aid Corp, el Gobierno de Estados Unidos acusó a la compañía de pasar por alto los múltiples avisos que les impusieron mientras distribuían ilegalmente cientos de miles de recetas, entre las que se encuentran los opioides. El Departamento de Justicia explicó que la compañía había estado repartiendo recetas no autorizadas desde mayo de 2014 hasta junio de 2019, incluso las conocidas como “trinidades”, una combinación de opioides, benzodiacepinas y relajantes musculares, que consiguieron captar la atención de los drogadictos por su mayor efecto.
Estas compañías y otras tantas señaladas como cómplices en la crisis de los opioides han sufrido graves consecuencias en términos económicos tras ser demandadas, muchas de ellas incluso se han declarado en bancarrota como última opción para hacer frente a los pagos. Precisamente, la ya mencionada Rite Aid, anunció a mediados de octubre que se acogía a la Ley de Quiebras tras años de pérdidas y acusaciones.
Otro de los casos más llamativos de bancarrota durante este 2023 ha sido el fabricante estadounidense-irlandés de productos farmacéuticos, Mallinckrodt
Como última opción para frenar la caída, la compañía alcanzó un acuerdo preliminar con algunos de sus tenedores de pagarés sobre los términos de un plan de reestructuración financiera que reducirá significativamente la deuda. Desde Rite Aid esperan que esta financiación proporcione liquidez suficiente para su reestructuración, que implicará el cierre de tiendas, una probable venta de activos y el despido de parte de sus 47.000 empleados.
Otro de los casos más llamativos de bancarrota durante este 2023 ha sido el fabricante estadounidense-irlandés de productos farmacéuticos, Mallinckrodt, que en su segunda declaración de quiebra, pretenden reducir su deuda de 1.900 millones de dólares (1.762 millones de euros), a través de, entre otras medidas, el pago final de 250 millones de dólares (231 millones de euros), además de los 450 millones de dólares (417 millones de euros) que ya han pagado.
Sin embargo, la realidad parece ser otra, Joseph Steinfeld, abogado representante de miles de presuntas víctimas de la crisis de los opioides por parte de este fabricante, señaló que se trata de una medida para “mostrar su cara más limpia”, ya que el trasfondo apunta a que la compañía está planeando utilizar la quiebra para reducir lo que la empresa prometió pagarles. Una de las prácticas más comunes por la que se decantan varias compañías en esta situación, anteponiendo el beneficio económico a los daños de las víctimas.