La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por más de 44,7 millones de euros a cinco cárteles que se repartían el mercado del sector de cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales.
En concreto, según ha informado la CNMC, un total de 11 empresas con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia) y Portugal, y una asociación empresarial integraban estos cinco cárteles desmantelados.
Estas empresas amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, hasta que uno de ellos denunció los hechos ante la CNMC. Hasta ahora, las sanciones se elevan a 44,7 millones de euros para las empresas y a 80.000 euros para la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (Facel).
Estas empresas amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras
Así, de conformidad con el programa de clemencia, la CNMC ha eximido del pago de la multa impuesta a Grupo General Cable Sistemas y a su matriz General Cable Holdings, como denunciante de las prácticas, que ascendía a un montante total de 12,66 millones de euros.
La creación de un cártel es la conducta ilícita más lesiva para el buen funcionamiento de la economía, pues encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia.
Los hechos han quedado acreditados en los mails, WhatsApp y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su modus operandi.
EL CARTEL DE LOS FABRICANTES
El primero de los cárteles lo crearon las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión, entre las que figuran General Cable Holdigns Spain, Caberte, Míguelez, Nexan, Prysmian o Top Cable, llevando la iniciativa en la mayor parte de ocasiones las líderes en dicho mercado (General Cable) y supone el grueso de la multa impuesta, con 31,6 millones de euros, más los 80.000 euros a la asociación.
En colaboración con la asociación Facel, acordaron, entre los años 2002 y 2015, de manera sistemática y continua las tarifas y descuentos del suministro de cables, la fecha de aplicación de las tarifas acordadas en cada momento y la de su anuncio a los clientes, los plazos de pago, las condiciones de suministro e incluso la línea argumental que debían seguir todos ellos para justificar los cambios de tarifa ante los clientes.
Además, se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes.
ENTRE DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES
Por otra parte, este tipo de acuerdos de reparto del suministro de cables se ha llevado a cabo entre una distribuidora y cuatro empresas fabricantes.
La mecánica de reparto de grandes clientes (empresas instaladoras, ingenierías, eléctricas) o proyectos de gran envergadura (grandes infraestructuras, centrales eléctricas, parques eólicos) ha sido prácticamente idéntica y se realizaba a través de las denominadas "coberturas".
Se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes
Cuando un gran cliente solicitaba una oferta de suministro de cables a distribuidoras y fabricantes, las empresas previamente acordaban el precio a ofertar al cliente en la licitación, de modo que los fabricantes ofrecían un precio superior al del distribuidor para asegurarse de que este último resultara adjudicatario.
Una vez adjudicado el proyecto a la distribuidora, ésta compensaba a los fabricantes implicados encargándoles la fabricación de los cables en ese u otro proyecto. Todo ello suponía, en la práctica, un incremento de los precios fijados para el suministro de dichos cables al cliente final, pues los acuerdos de cobertura con los fabricantes permitían a las distribuidoras fijar al aza el precio de sus ofertas, pues conocían ya los precios, también incrementados, que ofertarían dichos fabricantes.
Por todo ello, se han sancionado a tres cárteles. En el primero de ellos, multado con 3,57 millones de euros y llamado cártel de Peisa, las empresas fabricantes se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013.
En el segundo cártel, que ha sido sancionado con 6,52 millones de euros y conocido como de Nixa, las empresas fabricantes, se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013, mientras que en el tercer cártel, llamado de Amaray y sancionado con 3,48 millones de euros, actuaron desde 2011 hasta 2015.
Finalmente, en el cártel entre dos empresas distribuidoras, que se repartieron un total de 25 proyectos de suministro de cables desde 2011 hasta 2015 para clientes como Repsol, Petronor, Técnicas Reunidas o Initechan, han sido sancionadas con 112.626 euros.