El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció este pasado lunes la constitución del Comité Sectorial de Seguridad y Salud. Un órgano encargado de velar por la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración andaluza que rige el funcionamiento interno y el reglamento de los 43 comités de Seguridad y Salud en los diferentes centros asistenciales autonómicos. Aprovechando la constitución del mismo, se han desvelado los registros de agresiones a profesionales sanitarios en la región durante el primer semestre de este 2023, un total de 863.
Una radiografía más detallada de estos datos facilitados por el SAS desprende que se tratan mayoritariamente de agresiones no físicas (82,39%) respecto a los actos que comportan violencia física (17,61%). Del mismo modo, los empleados de la Atención Primaria han sido los principales damnificados (61,53%), por encima de los trabajadores de Atención Hospitalaria (38,47%). Además, esta incidencia de los actos violentos se centra especialmente en los profesionales propiamente sanitarios (78,22%) en mayor medida que en el personal de gestión y servicios de los centros (21,78%).
“La Consejería lleva abordando desde 2006 las agresiones en los distintos foros, como pueden ser los comités sectoriales o las mesas técnicas de prevención”
De esta manera, las agresiones a profesionales sanitarios son un alarmante problema en todo el país y, en el caso de Andalucía, ha centrado también gran parte del interés de los responsables políticos. No en vano, estas incidencias se producen a lo largo de todo el año, pero durante el verano suelen hacerse singularmente presentes. La responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, Nuria Queraltó Hernández, aclara a ConSalud.es que han aprovechado la constitución del Comité Sectorial de Seguridad y Salud para “adelantar las estadísticas, aunque el abordaje de las agresiones depende esencialmente de otros foros de trabajo”.
En concreto, las mesas técnicas de prevención son el organismo encargado de trazar las estrategias preventivas y de gestión de estas desagradables incidencias para los profesionales del SAS. La propia consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, anunció recientemente su intención de convocar en las próximas fechas esta mesa, que reunirá a representantes de distintos colectivos afectados: fuerzas de seguridad, colegios profesionales, organizaciones y asociaciones. “La Consejería lleva abordando desde 2006 las agresiones en los distintos foros, como pueden ser los comités sectoriales o las mesas técnicas de prevención”, aclara Queraltó.
"Los profesionales han de lidiar con personas que se ven afectadas por la enfermedad o la muerte, y con muchas expectativas"
La intención de los responsables andaluces es tratar de reducirlas al máximo las agresiones. Una tendencia que parece reflejarse en los datos desprendidos de este primer semestre del año, donde los episodios en la región han descendido durante los últimos años: 902 en 2019, 898 en 2022 y 863 este 2023. “La violencia permanece presente en muchos ámbitos de la sociedad; en el específico de la salud, los profesionales han de lidiar con personas que se ven afectadas por la enfermedad o la muerte, y con muchas expectativas. Sin embargo, no se puede justificar nunca una agresión. Por supuesto que hay cosas que son mejorables, pero el ciudadano dispone de los canales habilitados para cursar sus reclamaciones de forma lícita”, asevera.
Con el fin poner coto a esta problemática existen una serie de medidas multifactoriales en las que trabajan desde la Consejería de Salud. Unas estrategias que ya vienen recogidas en el Plan de Prevención y Atención frente agresiones de Andalucía, que entró en vigor el pasado 10 de octubre de 2020 en sustitución de un documento anterior. “Existen algunas iniciativas preventivas como los dispositivos que tenemos instalados en los centros de salud y los consultorios hospitalarios; unos sistemas de alerta en los ordenadores antes de que se materialice el hecho. También dotamos a los profesionales de formación centrada en desescalar el nivel de agresividad ante estas situaciones”, relata la responsable andaluza.
"También están atados a “una serie de deberes; como comportarse y relacionarse con corrección ante los demás en los centros sanitarios, especialmente con el personal que les atiende"
De la misma manera, Queraltó remarca que fruto de la últimas mesas en este ámbito celebradas en la región, surgieron diferentes compromisos como el de considerar a los profesionales sanitarios como autoridades; "algo que se logró con la aprobación de la Ley de Función Pública justo antes del verano". Otro acuerdo llegó con la creación de un observatorio de agresiones a profesionales, a punto de ser constituido en Andalucía. Y un último acuerdo se refería a la creación de un régimen sancionador administrativo interno para el SAS –paralelo a la vía de la justicia- "que estamos ultimando".
Otro de los focos de actuación más importantes se focaliza en hacer conscientes a los ciudadanos de que, al igual que disponen de derechos a la hora de acceder a los servicios de salud, también están atados a “una serie de deberes; como comportarse y relacionarse con corrección ante los demás en los centros sanitarios, especialmente con el personal que les atiende, bien sea un empleado administrativo o un médico colegiado”, recuerda la encargada de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, quien invita también a “ajustar las expectativas” de las personas a las capacidades asistenciales.
"Seguiremos esforzándonos para poner todas las leyes que sean necesarias desde todos los ámbitos que procedan para mejorar la seguridad y la salud de los profesionales”
Por otra parte, una vez que los profesionales sanitarios han tenido que padecer un acto violento, parte de la estrategia del departamento de Salud se centra en el “acompañamiento, la asistencia jurídica y el apoyo psicológica de la víctima”. Para llevarlo a cabo se recoge la figura del “profesional guía” que es quien adquiere este papel de primera asistencia al compañero. Una figura que esperan pronto poder desterrar. “Seguiremos esforzándonos para poner todas las leyes que sean necesarias desde todos los ámbitos que procedan para mejorar la seguridad y la salud de los profesionales”, ha concluido Nuria Queraltó para nuestro medio.