La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha realizado unas declaraciones esta semana en las que ha criticado al Gobierno por quebrar la sanidad universal con la aprobación del Real Decreto de 2012. Desde entonces, ha afirmado la titular de sanidad de esta comunidad autónoma, acusa al Ejecutivo de Rajoy de no actuar para solucionar los principales problemas que a su juicio limitan la cobertura sanitaria.
En concreto, ha resaltado que más de 800.000 personas se han quedado sin el derecho a la atención sanitaria pública, coartando así los derechos humanos establecidos por todas las organizaciones internacionales.
“Excluir a la población del derecho a la salud no es una medida de ahorro, sino todo lo contrario, ya que la sanidad universal contribuye a mejorar el nivel de salud de la población"
Asimismo, ha señalado que la universalidad es uno de los mayores retos de la sanidad y que en Andalucía se ha protegido a la población más vulnerable, con la decisión “solidaria y de salud pública” de mantenerla, a pesar del RD16/2012, que dejó sin derecho a la atención sanitaria pública a muchas personas, exigiendo nuevamente su derogación ya que “excluir a la población del derecho a la salud no es una medida de ahorro, sino todo lo contrario, ya que la sanidad universal contribuye a mejorar el nivel de salud de la población, aumenta la cohesión social y es motor económico”.
Álvarez ha recordado que 47.000 personas inmigrantes en Andalucía disponen de un documento de reconocimiento temporal que garantiza el acceso a la sistema sanitario público. La consejera ha manifestado que la sanidad “no debe ser usada como arma política” y que se debe proteger desde la “administración pública, la sociedad, los grupos políticos, los sindicatos y los medios de comunicación”.