"El actual Gobierno de Aragón va a completar la obligación legal que el anterior Gobierno incumplió pese a haber advertido en un requerimiento a la empresa que sirvió las mascarillas defectuosas que llevaría a cabo acciones legales para reclamar la devolución del dinero por la mercancía defectuosa; acciones que, como ustedes bien saben, nunca se llevaron a término". Así ha resumido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, la determinación del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón de llevar ante el Ministerio Fiscal el caso de las miles de mascarillas defectuosas recibidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en abril de 2020.
En esta misma línea, la consejera recalcó que lo que están haciendo es “dar cumplimiento a la obligación”, ya que en el caso de que se haya estafado a los aragoneses con dinero público es necesario que el Gobierno traslade los hechos a la Fiscalía para analizar si hay algún tipo de delito de estafa.
El presidente Jorge Azcón confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estaban elaborando un informe para conocer si era posible reclamar el dinero que el Ejecutivo abonó por esos lotes de mascarillas defectuosas
El contrato objeto de la reclamación condujo al pago y la recepción de 10.000 mascarillas que debían destinarse a la protección del personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad que no pudieron distribuirse por no cumplir con los estándares de calidad acordados, tal y como acreditaron en 2021 y 2022 los informes tanto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales como la Cámara de Cuentas.
A mediados del marzo, el presidente Jorge Azcón confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estaban elaborando un informe para conocer si era posible reclamar el dinero que el Ejecutivo abonó por esos lotes de mascarillas defectuosas.
El informe en concreto, tal y como ha explicado este martes la consejera Carmen Susín, arroja dos conclusiones. Una cuantificación del perjuicio sufrido por este asunto por 25.382,31 euros, una cantidad a la que cabría añadir una parte del coste del transporte, y, en segundo lugar, determina que la puesta en conocimiento de estos hechos al Ministerio Fiscal, permitiría practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar así las responsabilidades penales y civiles.
En cuanto a las mascarillas, desde el gobierno aragonés apuntan que permanecen en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, y, de acuerdo con la documentación de la operación suscrita por el Secretario General Técnico del Departamento en agosto de 2020, fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros las de “uso médico” y a 0,75 euros las “unidades de tres capas”. Estos precios, por encima del mercado, fueron justificados en la factura por considerarse las primeras de mayor calidad que las segundas. De esta manera, las primeras mascarillas se compraron por una cantidad 5,33 veces mayor que las segundas, pero posteriormente se comprobó que no cumplían con los estándares exigidos. Precisamente este es el hecho que Susín indica que podría ser constitutivo de delito de estafa, ya que el material recibido no reunía las características comprometidas por las que se había acordado ese pago.
El importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa el 2 de abril de 2020 fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas
Otro de los puntos en los que se detiene la investigación es en la compañía Escrow Trust Europe Foundation, que simuló un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad, tal y como ya constaba en un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación. Así, ante los actos del anterior Ejecutivo de no poner en marcha un procedimiento judicial para reclamar el dinero, será el Gobierno de Jorge Azcón el que dé el paso para hacerlo “cuanto antes”, en palabras de la consejera de Bienestar Social y Familia.
En concreto, el importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa el 2 de abril de 2020 fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas; de ese montante el importe facturado al IASS por el material suministrado que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros por 10.000 mascarillas calificadas por la empresa suministradora “de uso médico” y que demostraron no cumplir con la consideración de ser FFP2 ni FFP3. De esta cantidad, se resta el importe de 16.117,69 euros, incluidos en la segunda factura como saldo favorable y pendiente de pago a favor de la compañía y que el IASS no ingresó una vez certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas.