El Ministerio del Interior debe casi 13 millones de euros al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes por la asistencia sanitaria que los hospitales madrileños prestan a los reclusos de las siete prisiones que hay en la Comunidad de Madrid. La factura se refiere a consultas con especialistas, pruebas médicas, operaciones quirúrgicas y hospitalizaciones. El último informe de la Cámara de Cuentas, publicado en enero de este año, revela que Instituciones Penitenciarias era el deudor más importante del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por servicios prestados entre 2011 y 2015.
Y es que, según desvela El Confidencial, esta deuda ha aumentado en los dos ejercicios siguientes, 2015 y 2016, y ya llega casi a los 13 millones de euros, de los que 9,8 millones (correspondientes al periodo 2011-2016) han sido reclamados en vía de apremio por el Sermas. La deuda más importante la mantenía Instituciones Penitenciarias con el Hospital Gregorio Marañón (concretamente 6,6 millones de euros), al tratarse del hospital de referencia que atiende principalmente a la población reclusa en los casos más graves (pruebas complicadas, hospitalizaciones e intervenciones). El informe de la cámara señala también que el Sermas no podrá recuperar 5,7 millones por servicios prestados anteriores a 2013 porque la reclamación ha prescrito.
Los reos que requieren una atención especializada han de acudir a los hospitales como cualquier ciudadano
En los centros penitenciarios, los presos solo reciben atención primaria. Cuando necesitan atención especializada, pruebas diagnósticas o una operación quirúrgica que requiere hospitalización, han de acudir a los hospitales como cualquier ciudadano. En Madrid, solo dos hospitales cuentan con unidades de custodia hospitalarias (UCH) o de acceso restringido, "espacios reservados para albergar a internos que requieran asistencia hospitalaria, en los que se intenta combinar el funcionamiento hospitalario con las razones de seguridad y vigilancia a cargo de las fuerzas de seguridad". Se trata del Gregorio Marañón y la Fundación Alcorcón.
Un portavoz de Interior señala que "Instituciones Penitenciarias abona todas las facturas que indican la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos. Hay facturas en las que hay discrepancias que se resuelven en la vía judicial. Hay tribunales que nos han dado la razón y otros no. Por eso hemos presentado al Tribunal Supremo un recurso". La disparidad radica en que Instituciones Penitenciarias entiende que aquellos reos que tienen en regla su tarjeta sanitaria (en su gran mayoría españoles) tienen que ser atendidos por el servicio público como un ciudadano normal.
Hasta el 31 de diciembre de 2012, el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid tenían un convenio de colaboración en materia de asistencia sanitaria especializada en el ámbito penitenciario, que se había firmado en julio de 2009. Según ese convenio, Interior pagaba una cantidad fija por interno, independientemente de que necesitara o no los servicios médicos. En 2013 estaba previsto firmar una prórroga del convenio, pero Instituciones Penitenciarias comunicó al Sermas que, en aplicación de la disposición adicional 9ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, no se podía prorrogar el convenio de 2009.
En ausencia de un convenio, el Sermas decidió que lo que correspondía era aplicar a las asistencias sanitarias que se realizaran el correspondiente precio público, una tasas que están fijadas en la Orden 629/2009, de 31 de agosto, de la Consejería de Sanidad y que se actualizaron en septiembre de 2013. Un mes después, en octubre de 2013, el Sermas inició el proceso de facturación de todo 2013. Con esas tasas, por ejemplo, el Sermas cobraba entonces 4.350 euros por una operación de rotura de pelvis o luxación de cadera; 7.700 euros por una apendicitis. En cuanto a las pruebas más comunes: 153 euros por una resonancia sin contraste y 199 euros por un TAC.
El Gregorio Marañón y la Fundación Alcorcón son los dos hospitales que cuentan con unidades de custodia hospitalarias (UCH) o de acceso restringido
El problema es que, roto el convenio 2009-2012 y una vez que la comunidad empezó a aplicar las tasas sanitarias públicas, el Ministerio del Interior decidió que solo iba a pagar la asistencia a los reclusos que no están incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, aquellos sin cobertura sanitaria. En el caso de los presos que eran beneficiarios del SNS, expresó por escrito su inconformidad por entender que estas personas ya estaban cubiertas. Así, en el ejercicio 2013, Interior solo pagó 2.128.516 euros, el 39% del total de las facturas que le envió el Sermas, que sumaban 5.434.540,24 euros. En 2014 y 2015, Interior también fue recurriendo cada factura que entendía que no le correspondía (se liquidan trimestralmente). Otro ejemplo: este último año, en 2015, el Sermas prestó servicios sanitarios a presos por valor de 3.517.546 euros, de los que solo pagó el 22%, 786.829 euros.
Desde el sindicato de prisiones Acaip han detectado además otro problema acuciante relacionado con la asistencia sanitaria de presos, referente a los traslados programados a los hospitales que realiza la Guardia Civil. "La situación que hoy vivimos con referencia a los presos en las cárceles madrileñas que han de acudir a consultas y pruebas médicas es de caos. Cada semana son anuladas más de un centenar de citas por falta de furgones policiales a veces y otras porque las citas son anuladas por el hospital, con el grave deterioro que eso conlleva en la vigilancia de la salud de los internos. Estamos llevando a cabo encuentros con diferentes grupos políticos en la Asamblea a fin de paliar esta dramática situación", señala Nacho Gutiérrez, portavoz de Acaip.