El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales(Tacrc) de la Comunidad Valenciana ha desestimado los recursos interpuestos por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof) y la UTE Farmacia Sociosanitaria contra la licitación del servicio de atención farmacéutica a residencias Resi-EQIfar, impulsado por la Consejería de Sanidad valenciana.
En un primer momento, el Tribunal decidió suspender cautelarmente dicha convocatoria a la espera de resolver a favor o en contra de manera oficial. A pesar de ello, el departamento que dirige la consejera Carmen Montón decidió seguir adelante con el desarrollo del programa ya que la suspensión afectaba “a una parte del proyecto”.
Desde el Micof insisten en que trabajarán "para que la implantación del modelo no vulnere los derechos de los farmacéuticos y, a su vez, no empeore la calidad de asistencia a los ciudadanos"
Ahora, tras la decisión del Tacrc conocida este jueves, la Consejería podrá seguir adelante con el concurso público. Así, la convocatoria buscará a una empresa para la preparación de las unidosis de medicamentos y el correspondiente reparto a las residencias, siendo valorada en 50,8 millones de euros.
Ante esta decisión, desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia han anunciado a ConSalud.es que “se van a valorar los pasos legales a seguir”. Además, han destacado que continuarán trabajando “para que la implantación del modelo de atención farmacéutica sociosanitaria no vulnere los derechos de los farmacéuticos y, a su vez, no empeore la calidad de asistencia a los ciudadanos”.
“ILEGAL” PARA EL MICOF, PRECIPITADO PARA CC.OO.
En las últimas semanas, el presidente del Micof, Jaime Giner, ha manifestado su oposición a este modelo presentado por la Consejería de Sanidad. Entienden que su aplicación “produce una ilegalidad continua” y supone “perjuicio al profesional farmacéutico y a los pacientes”.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras también ha reprochado su implantación. Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. en la Comunidad Valenciana (FSS CC.OO.-PV), consideran “precipitado” este nuevo modelo debido a que supondría el “cierre” del actual servicio y el consecuente “despido” de los trabajadores.