El Consell ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que se desarrolle una fiscalización posterior de los expedientes de enriquecimiento injusto que se generan en la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública en la contratación de servicios o la adquisición de bienes que no constituyan inversiones y que, a su vez, sean indispensables para el normal funcionamiento del sistema sanitario valenciano.
Según informa Las Provincias, hasta el momento la Intervención General estaba obligada a analizar las facturas que tenía que abonar a Sanidad por compras o servicios. Esta situación tenía, como resultado, dos problemas: saturaba de trabajo los técnicos y retrasaba el abono de importesa los proveedores.
La medida busca agilizar las gestiones de cobro por parte de las compañías proveedoras y una fiscalización en términos similares a los que aplican otros gobiernos en sus respectivas comunidades autónomas
Con la entrada en vigor de este cambio, la Administración sanitaria podrá efectuar el pago y, a posteriori, la Intervención General estudiará si las cuantías abonadas son las adecuadas y, en caso de que exista alguna irregularidad, la subsane. Una medida que, por otro lado, ha llegado a buen puerto pese al rechazo por parte de Compromís.
Tal y como ha expuesto el Consell, la medida busca agilizar las gestiones de cobro por parte de las compañías proveedoras y una fiscalización en términos similares a los que aplican otros gobiernos en sus respectivas comunidades autónomas.
En este sentido, el Ejecutivo de Ximo Puig ha recordado que el significativo volumen de expedientes de este tipo que se generan en departamento sanitario y la contabilización urgente que requieren estas propuestas ocasiona problemas en el desarrollo habitual de la intervención previa.