La Oficina Valenciana Antifraude ha fijado su atención en la sociedad Comité Textil S.L., propiedad del empresario chino Chen Wu Keping. Se trata del primer benefactor al que recurrió el Gobierno de la Comunidad Valenciana a la hora de adquirir material de protección contra la Covid-19 en el mercado asiático.
El pasado 17 de marzo la Generalitat Valenciana rubricaba un contrato con el empresario chino para recibir material para hacer frente a la pandemia a través de ocho aviones con un coste 912.000 euros cada uno. Tal y como informan desde el diario El Mundo, más tarde recibió 7,5 millones de euros por el envío de cuatro barcos cargados de material sanitario. El empresario, duelo del Centro Comercial El Teler ubicado en Ontinyent, facturó a través de su Comité Textil un total de 39 millones de euros de las arcas públicas.
Estamos ante una serie de adquisiciones que se han traducido en un coste muy elevado para el erario público valenciano y que ahora está siendo investigado por Antifraude debido a determinadas irregularidades en los procesos iniciales de contratación con la compañía a finales de marzo. La agencia ya ha solicitado a la empresa todos los contratos firmados con la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, requiriendo además que se identifique a todos los departamentos y responsables de estas compras de material sanitario.
La agencia ya ha solicitado a la empresa todos los contratos firmados con la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, requiriendo además que se identifique a todos los departamentos y responsables de estas compras de material
La solicitud de estos contratos se formuló a finales del mes de noviembre por lo que Comité Textil únicamente dispone de la presente semana para la entrega de los documentos y poder demostrar que todos los contratos se ejecutaron con todas las garantías legales. Cabe señalar que estos se rubricaron en una situación de emergencia por lo que no era necesario la existencia de un concurso público ni erigirse como la mejor de tres ofertas, tal y como se recoge en la normativa relativa a licitaciones de la Administración.
El Mundo informa además de la apertura de otra investigación al Gobierno valenciano debido a los contratos que se firmaron para el procedimiento de emergencia para la adjudicación de las obras de los hospitales de campaña. El coste habría alcanzado los 16 millones de euros a las arcas públicas cuando el coste inicial previsto apenas alcanzaba los ocho millones de euros.
El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha criticado que los contratos firmados durante la pandemia generen tantas dudas que haya sido necesaria la apertura de una investigación por Antifraude. Es importante la capacidad de reacción ante una situación de urgencia epidemiológica, pero siempre con un control del presupuesto de los fondos públicos. La buena gestión debe saber reaccionar y hacerlo con mesura".
Zaplana ha recordado a la Generalitat valenciana que "debe ser transparente y detallar qué material se obtuvo y si su precio de mercado era razonable o, como se ha demostrado, mucho más alto que en las compras sucesivas". En relación a los hospitales de campaña asegura que el contrato o "se hizo por emergencia, sin ningún tipo de consulta previa a nadie y sin informes técnicos que respaldaran la forma de construcción. Es ahí cuando dudamos de que el presidente tuviera expertos que le aconsejaran por dónde ir". Un proceso que ha calificado como “extraño desde la adjudicación hasta el plazo de entrega que en un primer momento Puig anunció en 15 días, y aún hoy no están acabados del todo".