Alrededor de 120.000 personas, en la Comunidad Valenciana, afectados por la estafa de iDental, podrán presentar al Ministerio de Sanidad la documentación sobre requerimientos de cobro o amenazas que reciban desde las financieras.
Así lo ha asegurado EFE y lo hace público el diario Levante, tras la reunión en la Delegación del Gobierno de la Comunidad, entre la presidenta de la Asociación de Afectados iDental Valencia, Sol Sánchez, y los representantes de la administración, el secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, y el director general de Consumo, Nelson Castro, entre otros presentes.
Tal y como informa desde el medio, el juez de instrucción de la Audiencia Nacional que lleva el caso, prohibió a las entidades financieras cualquier tipo de exigencia de pago a los afectados. No obstante, estos siguen recibiendo dichas peticiones. Reclamaciones y amenazas que “estarían incurriendo a un delito”, según la presidenta de la Asociación.
Con las reclamaciones, las financieras estarían “incurriendo a un delito”
Por este motivo, los representantes de Sanidad han asegurado que harán lo que esté en sus manos, “y si los afectados siguen recibiendo las reclamaciones por parte de las financieras, se lo comunicaremos a través de un correo electrónico”, ha asegurado Sánchez.
Al mismo tiempo, durante la reunión, los afectados han entregado diferentes documentos que señala que la primera inspección que se hizo a las clínicas abiertas en Valencia fue en 2017, cuando llevaban abiertas desde el año 2014.
Ahora, según han señalado los máximos responsables, habrá que esperar a la constitución de gobierno para saber “qué ayudas se pueden prestar tras la estafa, si hay que prestar ayuda o ampliar la cartera de servicios en el tema bucodental”.