Este mes de abril finaliza el contrato de gestión de Alzira entre la Consejería de Sanidad y Ribera Salud, un acuerdo empresarial que no prorrogará la institución que dirige Carmen Montón. La persecución de la consejera de Sanidad valenciana sobre este tipo de modelo de colaboración público privada, pese a la eficiencia y los buenos resultados, llega a su fin con importantes advertencias y críticas a sus espaldas.
La última la del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el cual cuestiona el proyecto de decreto con el que Montón pretende regularizar la situación de los trabajadores de Ribera Salud para integrarlos en la sanidad pública. Según recogen medios regionales, el CJC aprueba la fórmula de subrogación pero no la forma de aprobarlo. De este modo, dicho informe considera que Sanidad no debería regular la subrogación del personal a través de la fórmula del decreto. Así, este organismo apunta que las jurisdicciones de lo social son las que tienen la competencia para conocer las reclamaciones que puedan surgir a raíz de la subrogación por parte del personal.
El Consell Jurídic Consultiu considera que no se debería regular la subrogación del personal a través de la fórmula del decreto
A esta advertencia del CJC, se suman otras como la de los empleados de la Ribera Salud que llevan denunciando la “improvisación” de la Consejería ante la reversión. Así, hace unos días la asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo, Sanitat Sols Una, declaraba su “temor por la atención a los pacientes” tras la reversión. “La evidente improvisación, la ausencia total de información a los profesionales, la falta de personal a partir del 31 de marzo por el cese de más de 300 temporales y el fin del contrato de mantenimiento de muchas instalaciones nos hace temer por la correcta atención a los pacientes, a pesar del esfuerzo que hagamos los trabajadores”.
La polémica continuaba con la negativa de la Consejería de reingresar a un celador de este centro que fue despedido. Y es que el equipo de Montón recurría una sentencia que declaraba como despido improcedente la finalización del contrato temporal de dicho celador en Alzira. Sin embargo, desde Ribera Salud instaban a convertirlo en indefinido. Este nuevo conflicto se volvía en contra de las palabras que en diciembre apuntó la consejera, cuando señaló que se mantendrían los puestos.
Respecto a la ampliación de la plantilla, otro de los compromisos de Montón, la consejera informaba este miércoles de la contratación paulatina de 303 nuevos trabajadores hasta final de año.