Unos 7.000 euros en indemnizaciones, las consecuencias de los despidos improcedentes en Alzira

La reversión del Hospital de La Ribera, en Alzira, realizada por Carmen Montón le ha supuesto a la Consejería de Sanidad unos 700.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes

El Hospital Universitario de La Ribera.
El Hospital Universitario de La Ribera.

La cifra que tiene que pagar la Consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana por los despidos improcedentes producidos en el Hospital de La Ribera no para de aumentar.

Según las estimaciones realizadas por la plataforma Sanitat Sols Una las condenas a favor de los extrabajadores que se han ido produciendo en los últimos meses le habrían costado al departamento que dirige Ana Barceló unos 700.000 euros en indemnizaciones.

En apenas cinco meses se ha duplicado a cuantía de las indemnizaciones

Según apunta el presidente de esta plataforma, Carlos Rodrigo, por cada sentencia a favor que se dicta, “se suma el pago de los salarios que se han dejado de abonar durante este tiempo y de las vacaciones no disfrutadas y los intereses, que es realmente lo que está subiendo la cuenta en este proceso”, explica Rodrigo, en declaraciones recogidas por Levante, el mercantil valenciano.

Las últimas estimaciones de la plataforma, el pasado mes de abril, hablaban de unos 350.000 euros en indemnizaciones, una cantidad que en apenas cinco meses se ha duplicado, en gran parte porque el abono de los salarios no percibidos, las vacaciones no disfrutadas y los intereses.

Las altas indemnizaciones no son la única consecuencia de la reversión llevaba a cabo por la ex consejera de Sanidad, Carmen Montón. Desde Sanitat Sols Una denuncian que han desaparecido pruebas como el diagnóstico rápido del cáncer de mama (la biopsia rápida en media hora) y las listas de espera crecen en la mayor parte de las especialidades quirúrgicas.

En algo más de un año de gestión directa por parte de la Consejería de Sanidad, la lista de espera quirúrgica ha aumentado dramáticamente, con casi 15.000 pacientes que esperan más de tres meses para ser intervenidos; se desvían pacientes a clínicas privadas; los profesionales han estado nueve meses para cobrar los incentivos; los proveedores llevan casi un año sin cobrar; se fraccionan contratos y se pagan medicamentos y material hasta un 70 % más caro; y ya son más de media docena las sentencias que determinan que los despidos tras la reversión fueron improcedentes y ese personal está volviendo a sus puestos.

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