El Cabildo de Tenerife y tres técnicos de la Piscifactoría de Aguamansa han sido citados a declarar como investigados por presuntos delitos contra la salud pública derivados de una posible contaminación de aguas destinadas a consumo humano.  El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de La Orotava alude en un auto a posibles "comportamientos de suma gravedad", tras las diligencias abiertas con el hallazgo el 23 de septiembre de entre 10.000 y 12.000 ejemplares de truchas muertas en las piscinas de la piscifactoría.

Los peces podrían haber consumido pienso con antibióticos que en determinadas dosis puede tener efectos adversos en las personas, y las aguas residuales de la piscifactoría eran después desviadas sin tratamiento para consumo humano, según los primeros indicios recopilados en el auto judicial. También se menciona la posible venta de las truchas para consumo humano sin control veterinario.

Los peces podrían haber consumido pienso con antibióticos que en determinadas dosis puede tener efectos adversos en las personas, y las aguas residuales de la piscifactoría eran después desviadas sin tratamiento para consumo humano
 

Las diligencias judiciales se basan en informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, cuyos agentes vieron cómo se vaciaban las piscinas con los miles de truchas muertas, y de un inspector de la Dirección de Salud del Gobierno de Canarias, que ordenó la suspensión cautelar del vertido del agua al canal de Agumansa-Santa Cruz, que suministra aguas para consumo humano. Este inspector hizo constar en su acta que en el lugar había dos sacos de pienso medicado con antibiótico florfenicol que en determinadas dosis puede tener efectos adversos en el ser humano.

Sin embargo, "no se puede determinar si se cumple el límite máximo de residuos autorizado" de ese medicamento porque "no lleva la explotación ningún control veterinario para su tratamiento y administración", de acuerdo con el auto judicial.

La piscifactoría, según el informe de la Guardia Civil, vendía truchas a dos restaurantes de la zona y a las personas que se desplazaban allí (a seis euros el kilo) "sin ningún tipo de control veterinario", siempre "en términos indiciarios y presuntivos", subraya el magistrado.

El juez instructor, Sergio Oliva Parrila, indica que los indicios apuntan de momento a posibles delitos contra la salud pública, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión.