Este miércoles, la Fiscalía de Cantabria remitió a los juzgados de instrucción la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) después de que encontrara indicios de delito en las denuncias presentadas por Izquierda Unida y el Partido Popular. Se trata de una circunstancia que ha vuelto a poner el foco en la consejera, María Luisa Real.
Y es que, tanto IU como el PP han exigido directamente a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que es el momento de cesar a la consejera de Sanidad cántabra. Israel Ruiz, de IU, cree que Real es en parte responsable de “conducir a la sanidad cántabra al desprestigio de una investigación judicial”. Además, ha acusado a Revilla (del Partido Regionalista de Cantabria, de actuar como “consentidor de la gestión de sus socios del PSOE en el Gobierno”.
IU cree que Revilla es responsable de "conducir a la sanidad cántabra al desprestigio"; el PP ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa
Por su parte, María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP en Cantabria, ha afirmado que “es el presidente quien tiene que obligarla a marcharse”, entendiendo que “que Real siga un minuto al frente de la sanidad es indecente y no tiene un pase”. Igualmente, Buruaga ha confirmado que su formación se personará como acusación particular en la causa.
REAL SE AFERRA AL PUESTO
A pesar de la información del Ministerio Fiscal, la consejera de Sanidad ha asegurado que “el Gobierno no tiene ninguna notificación en el momento actual en relación a la resolución de la Fiscalía”. En un audio de apenas 20 segundos, al que ha tenido accesoConSalud.es, María Luisa Real ha tratado de zanjar la polémica que desde el mes de mayo le rodea.
En este breve comunicado, en forma de audio, Real ha subrayado que “si las diligencias que parece que se van a abrir ahora concluyesen en algún tipo de responsabilidad, éstas ya han sido asumidas con el cese de los dos directivos”. Así, ha recordado las dimisiones del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.