El PartidoPopular de Cantabria ha pedido explicaciones al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, tras confirmarse este miércoles la condena a 14 y 11 años de inhabilitación a dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por prevaricación en contratos menores durante la pasada legislatura.
La secretariaautonómica del PP, María José González Revuelta, se ha pronunciado así sobre un caso en el que esta formación se personó como acusación particular. Según afirman los populares, el partido “investigó y documentó los hechos durante meses, los puso en conocimiento del presidente Revilla y de la Intervención General de la comunidad y llevó el caso a la Fiscalía”.
Desde el PP piden a Revilla “que aclare qué va a hacer ahora y quien va a asumir responsabilidades políticas ante un caso evidente de corrupción en su Gobierno”
En esta línea, González Revuelta ha afirmado que “se ha demostrado que las denuncias del PP no eran ni un cuento ni una novela, como dijo Revilla, que no solo había una gestión chapucera e indecente en materia de contratación, sino irregularidades, ilegalidades y delitos acreditados”.
Los populares acusan al presidente de Cantabria de “lavarse las manos” e incluso de “tapar este caso” y de “dar cobertura” a la por entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real, asegurando que fue su “cómplice”. Por ello, desde el PP piden a Revilla “que aclare qué va a hacer ahora y quien va a asumir responsabilidades políticas ante un caso evidente de corrupción en su Gobierno”.
Con todo, la secretaria regional del PP incide a Miguel Ángel Revilla que “le ha faltado coherencia política, integridad y ética para aplicar la receta en su Gobierno que desde los platós exige a los demás”.
14 Y 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura, figura a la que acudieron de manera "deliberada" e incluso "reiterada".
Los cargos condenados desempeñaron su trabajo bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018
Así consta en una sentencia, notificada este miércoles, de la Sección Tercera de la AP que enjuició los hechos el pasado mes de febrero, y que considera a ambos exaltos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, continuado en el caso de González y no continuado en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
En consecuencia, la Sala les inhabilita para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos durante el tiempo reclamado por el fiscal, en tanto que el PP, que ejerce la acusación particular, pedía quince años para cada uno de ellos, por unos hechos que IU denunció ante el ministerio público.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron, junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, al salir a la luz las presuntas irregularidades.
Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.