El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Constitucional de dar la razón a una mujer a la que la sanidad pública de Murcia derivó a un centro privado de Madrid para abortar. Vázquez ha avisado de que todas las comunidades autónomas pueden tener el "mismo problema" que la región murciana hasta que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aborde el registro a la objeción.
Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la jornada 'Innovación en el Sistema Sanitario de Castilla y León', al ser preguntado por una valoración de la condena del Constitucional al Gobierno de Murcia por derivar a un centro privado de la Comunidad de Madrid a una mujer que acudió a abortar a la sanidad pública.
El titular de Sanidad de la Junta ha asegurado que todas las comunidades tienen "dificultades" en este sentido porque la Ley Orgánica 1/2023 que entró en vigor el pasado 1 de marzo establece en uno se sus artículo que es el CISNS "el que debe crear las condiciones" para que las regiones puedan tener "el registro de profesionales y poder organizar así la prestación de la interlocución voluntaria del embarazo".
Es el CISNS el que debe crear las condiciones para el registro de profesionales
"Desde la entrada en vigor de la Ley hemos tenido tres reuniones del Consejo Interterritorial y el propio Ministerio no ha metido en ninguno de los puntos del orden del día, como es quien tiene la potestad de hacerlo, este tema del registro de la interrupción voluntaria del embarazo", ha puntualizado.
También ha señalado que esto dificulta el movimiento de las mujeres de un centro a otro para poder llevar a cabo esta prestación, a la par que ha recordado que en Castilla y León las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo pueden acudir al Hospital Universitario de Burgos y al Hospital de Miranda de Ebro, además de a centros concertados de comunidades vecinas con los que el Sacyl tiene concursos.
Esto dificulta el movimiento de las mujeres de un centro a otro para poder llevar a cabo esta prestación
Sin embargo, ha reconocido que Castilla y León "podría tener el mismo problema que Murcia" porque un total de "72 mujeres" en 2022 acudieron a centros de otras comunidades autónomas para abortar.
No obstante, ha asegurado que la Junta está trabajando para que cuando el Ministerio decida poner en el orden del día del Consejo Interterritorial el tema del registro a la objeción, "tener todo preparado" y "poder hacer frente a ese registro de modo inmediato".
Con todo, Vázquez ha trasladado que le gustaría conocer la sentencia, puesto que por el momento solo ha trascendido la nota de prensa del Tribunal Constitucional de la Región de Murcia.