Las incidencias en la salud mental de la población se han convertido en una relevante preocupación durante los últimos años. La llegada de la pandemia de Covid-19 supuso un punto de eclosión para que aflorasen todas estas problemáticas emocionales, antes invisibilizadas por miedo al estigma. Esta tendencia ha llevado a las diferentes instituciones a apostar por planes y políticas destinadas a aumentar las dotaciones destinadas al ámbito. Un camino que aún tiene un largo recorrido por delante hasta asegurar la oportuna asistencia a todos los ciudadanos.
Sin embargo, existe un espacio en el que las facilidades para recibir esta atención psicológica son especialmente escasas o, en algunos casos, prácticamente inexistentes: las prisiones. Paradójicamente, se trata de lugares donde las incidencias en salud mental se ven especialmente amplificadas. El encierro, la lejanía con los seres queridos, la falta de integración social, la culpabilidad o una trayectoria de vida desestructurada y marginal pueden flotar negativamente sobre la mente de muchos reclusos, así como agudizar problemas previos a su cautiverio.
“Ahora mismo, alrededor del 45% de los internos tienen un trastorno mental. Son unas cifras muy altas y los recursos comunitarios no ofrecen la suficiente ayuda a los enfermos”
En esta línea, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) calcula que en las cárceles nacionales hay entre 2.000 y 3.000 personas con trastornos mentales graves. Para ofrecerles asistencia, la OMS alerta de que España dispone únicamente de0,2 psiquiatraspor cada 1.000 personas en la cárcel. “Ahora mismo, alrededor del 45% de los internos tienen un trastorno mental. Son unas cifras muy altas y los recursos comunitarios no ofrecen la suficiente ayuda a los enfermos”, traslada a ConSalud.es el presidente de SESP, Dr. Joaquín Antón Basanta, quien alerta además de la “convivencia” de estas patologías con adicciones.
En nuestro país solamente tres CC.AA. manejan las competencias en sanidad penitenciaría y las han integrado en sus servicios de salud: País Vasco, Navarra y Cataluña. El resto de territorios tienen pendiente acometer esta responsabilidad, ahora en manos del Ministerio de Interior. Todo ello, implica que la asistencia a la salud mental sea desigual y dependa de cada territorio e, incluso, de las circunstancias particulares asociadas al centro penitenciario en concreto. “Existen distintas sanidades y realidades penitenciarias en España”, lamenta el facultativo.
Cataluña tienen dentro de alguna prisión “una especie de hospital psiquiátrico” donde se concentran todas las medidas de seguridad para las personas que entran con problemas, asimismo “cuenta con unidades psiquiátricas"
En concreto se destaca sobremanera el trabajo llevado a cabo por Cataluña y País Vasco como un oasis dentro del “generalizado abandono” de la salud mental de los encarcelados. Cataluña tienen dentro de alguna prisión “una especie de hospital psiquiátrico” donde se concentran todas las medidas de seguridad para las personas que entran con problemas, asimismo “cuenta con unidades psiquiátricas prácticamente en todas las cárceles”, explica el Dr. Basanta, con un despliegue de medios y profesionales “realmente asombroso”.
Por su parte, la estrategia implantada en el País Vasco refleja un compromiso similar al catalán y recoge la existencia de una unidad psiquiátrica específica en la prisión de Álava –la más grande de la autonomía-. “Allí cuentan con dos psiquiatras a jornada completa y otro que está a tiempo parcial de forma permanente en la prisión, así como con enfermeros y psicólogos clínicos”, si bien, en los demás centros penitenciarios de Euskadi “disponen también de un magnífico despliegue de medios en este campo”, enfatiza el médico del centro penitenciario granadino de Albolote.
“En Granada –prisión donde ejerce Basanta- existe un convenio con el hospital de referencia y un psiquiatra consultor se acerca alrededor de una vez por semana"
Más allá de las rejas vascas y catalanas, las cárceles españolas repartidas por nuestro territorio “dependen de convenios o acuerdos” existentes con los servicios de salud autonómicos en el abordaje de la salud mental. Asimismo, dentro de las mismas CC.AA., cada provincia puede funcionar de manera “un poco” autónoma. “En Granada –prisión donde ejerce Basanta- existe un convenio con el hospital de referencia y un psiquiatra consultor se acerca alrededor de una vez por semana. Sin embargo, el responsables de las prescripciones y del seguimiento es el médico del centro penitenciario”, aclara.
Igualmente, "no suele existir como tal" un servicio de psicología clínica penitenciaria. En algunos casos, explica el Dr. Basanta, los psicólogos forman parte de equipos más amplios y su papel principal suele limitarse a “ofrecer información a la Junta de Tratamiento para la clasificación del recluso o para otorgar permisos de tercer grado”. Todo esto, hace que la falta de profesionales en salud mental dentro de las cárceles suponga “encontrarse con una desproporcionada e injustificada prescripción de psicofármacos”, lamenta el presidente de SESP.
PROGRAMA PAEIM
El Ministerio de Interior dispone de un Programa de atención integral a enfermos mentales en las prisiones (PAIEM), que recoge una serie de estrategias en la detección y abordaje de estos casos por parte de equipos multidisciplinares (sanitarios, educadores, trabajadores sociales, etc). “Es una iniciativa muy bonita, bien montada y ambiciosa” admite el Dr. Basanta, quien también lamenta que para su aplicación efectiva falla una de las patas clave: la presencia de médicos. “La Atención Primaria ha desaparecido en las cárceles por falta de facultativos, ese sería el primer paso para avanzar”.