Cataluña tilda de "injerencia judicial" la autorización para administrar ozono en un paciente Covid

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha querido hacer una serie de consideraciones ante la decisión de un juzgado de Barcelona de autorizar la administración de ozonoterapia en contra del criterio sanitario establecido.

Joep Maria Argimon en el pleno del Parlament. (Foto: Europa Press)
Joep Maria Argimon en el pleno del Parlament. (Foto: Europa Press)
CS
27 agosto 2021 | 17:05 h

El Departamento de Salud  de la Generalitat de Cataluña ha querido hacer una serie de consideraciones ante la decisión de un juzgado de Barcelona de autorizar la administración de ozonoterapia en contra del criterio sanitario establecido.

Declaran que el ozono es una molécula "empleada como desinfectante, que no está autorizada como medicamento por las agencias reguladoras. Su uso no está contemplado en los protocolos de actuación del Servicio Catalán de Salud basados en evidencia científica. Además, puede tener efectos secundarios como irritación por su inhalación o dificultad respiratoria, tos y flebitis si la administración es intravenosa. También se ha indicado que es peligroso administrar ozono a mujeres embarazadas y en pacientes con hipotiroidismo o déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa".

Por lo tanto, continúan, "no hay ninguna evidencia de su utilidad-beneficio para la prevención o tratamiento de la Covid-19 y, por el contrario, hay riesgos potenciales de su uso y no se recomienda su administración o su combinación con otras terapias en relación con la infección por SARS-CoV-2, excepto en el contexto de ensayos clínicos controlados".

La aplicación de tratamientos no autorizados para atender necesidades especiales de situaciones clínicas de pacientes concretos con enfermedades crónicas o gravemente debilitantes debe contar con la autorización expresa de la Agencia Española del Medicamento Y Productos Sanitarios (AEMPS). Y, en concreto, "la AEMPS ya se pronunció categóricamente en contra del uso de este producto", exponen.

En consecuencia, "el Departamento de Salud se muestra contrario a la decisión de dar tratamiento sin evidencia científica y lo considera una injerencia sobre las evaluaciones clínicas de los profesionales".

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