El Ayuntamiento de Barcelona presentó a principios de año el primer servicio odontólogo municipal español abierto a toda la ciudadanía. Su punto fuerte es que contará con precios hasta un 40 % inferiores a los del mercado privado de la capital.
Después de esta información, el Parlament va a votar hoy la tramitación de una ley para ampliar la cartera de servicios pública de odontología. Según explica El País, la proposición de ley, impulsada por Catalunya en Comú, establece una progresividad de la norma, priorizando el despliegue de un programa de atención dental infantil (PADI) y mayor cobertura a la población vulnerable. El coste de esta norma ascendería, según los cálculos de los comunes, a unos 45 millones de euros.
La prevalencia de caries entre los niños de 12 años oscila entre el 9 % y el 18 %
“En Cataluña tenemos colectivos de gente que no van al dentista porque no se lo pueden pagar. Hay muchas comunidades autónomas que han implantado programas de atención bucodental en niños y jóvenes, pero aquí vamos por detrás en eso y hay que ponerse al día. Es necesario, conveniente y viable desde el sistema público”, ha justificado la diputada de Catalunya en comú Marta Ribas.
Según la Encuesta de Salud Oral en España de 2015, la prevalencia de caries entre los niños de 12 años oscila entre el 9 % (los de clase alta) y el 18 % (los más desfavorecidos). La situación socioeconómica condiciona el acceso a la atención odontológica: el 12% de los catalanes admite que no puede acceder a la asistencia dental por motivos económicos.
Si bien la cartera de servicios pública incorpora atención bucodental —excepto ortodoncias, implantes y tratamientos estéticos, entre otros—, los dentistas de la sanidad pública son escasos y, en la mayoría de los casos, “lo que la gente está recibiendo son solo extracciones” de dientes, ha señalado Ribas.
La propuesta de los comunes incorpora un PADI con visitas anuales, tratamientos de caries y tratamientos especiales para malformaciones, entre otras terapias. También se dará más cobertura a población vulnerable, con ingresos inferiores a la Renta Garantizada de Ciudadanía.