El
Pleno del Senado ha aprobado este miércoles por unanimidad una
moción para instar al Gobierno a transferirla sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, y cumplir así con una Ley de 2003, en la que se decía que dicha competencia debía ser traspasadas aunque, como reivindican diversas sociedades de médicos y pacientes, de momento sólo se cumplía en el País Vasco.
Según la ley de 2013 la transferencia debería haberse hecho efectiva antes de diciembre de 2004
La moción, presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, pero que cuenta con enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, hace hincapié en el cumplimiento de esta normativa aprobada hace 13 años, puesto que “es una necesidad urgente y requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria”, según señala el texto, que recuerda que la ley debería haberse aplicado de forma efectiva antes de diciembre de 2004.
Esta misma semana, médicos y defensores de los derechos humanos han
denunciado la falta de equidad en el acceso a tratamientos de las personas reclusas en España, criticando que, además, los facultativos dependen del
Ministerio del Interior, hecho que en ocasiones “hace difícil prevalecer el criterio médico con el de la autoridad penitenciaria”. Asimismo, han denunciado que se imponga a los reclusos la dispensación de fármacos distintos de los que se consiguen fuera de las cárceles, una medida que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, denuncian que “ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena”.
La aprobación de esta moción ha sido aplaudida por los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios en el Senado, tras salir adelante con 251 votos a favor y ninguno en contra.
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