Condenado el Sergas a pagar una operación de reasignación de sexo

La paciente tuvo que acudir a una clínica privada a operarse tras la negativa del Servicio de Salud de Galicia (SERGAS)

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores Arias. (Foto. CONCHI PAZ. EP)
El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores Arias. (Foto. CONCHI PAZ. EP)
CS
20 septiembre 2021 | 13:30 h

Desde 2013, la reasignación de sexo es considerada por la ley gallega un derecho que debe ser sufragado por la sanidad pública. Dos años después, sin embargo, Sara, una chica que a sus 30 años quiso someterse a una operación de reasignación de sexo, no recibió respuesta del Servicio de Salud de Galicia (Sergas) y se vio obligada a hacerse la cirugía en una clínica privada.

En julio de este año el Sergas ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Xunta de Galicia (TSXG) a pagar a Sara los 22.540,50 euros que le costó la intervención, según informa Nius diario.

La primera vez que la Justicia condenó a la sanidad gallega a pagar una operación de cambio de sexo fue en 2013

Aunque la ley gallega avalaba sufragar desde la sanidad pública la operación, Sara y su endocrina vieron que no habia un centro de referencia para realizar la vaginoplastia. Al preguntar al Sergas nunca recibieron respuesta, como cuentan a Nius. Sara tuvo que acudir a una clínica catalana y pagar de su bolsillo la vaginoplastia y la mamoplastia.

Cinco años después, los jueces entienden que el Sergas no ofreció una solución a Sara y recuerdan que el silencio nunca puede ser una respuesta ante este tipo de solicitudes. 

La primera vez que la Justicia condenó a la sanidad gallega a pagar una operación de cambio de sexo fue en 2013. En ese momento el Tribunal Supremo consideró que la cirugía reparaba un estado intersexual patológico y recordaba que el Sergas había incluido la cirugía de cambio de sexo en su cartera de servicios. Sin embargo, como en el caso de Sara, no contaba con un centro que pudiera realizar esta operación y no pagaron la intervención en una clínica privada, pro lo que la Justicia les obligó a pagar.

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