El Juzgado Contencioso número 2 de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a pagar 100.000 euros a la familia de un hombre que falleció debido a un retraso de un diagnóstico de cáncer de vías urinarias.
Según explica La Región, la revisión de las pruebas que acreditaban la enfermedad tumoral se demoraron casi un año, por lo que el juez entiende que la tardanza mermó las opciones de tratamiento del paciente así como sus posibilidades de recuperación. La argumentación del fallo acredita mala praxis en la asistencia prestada en el CHUO.
No pueden justificar que una prueba diagnóstica de sospecha de una patología severa pueda tardar un año en ser revisada
El paciente, a lo largo del año 2013 y gran parte de 2014, referenció un fuerte dolor en la espalda en la zona renal por lo que le fueron pautados múltiples tratamientos para una lumbalgia. Pese a la severa analgesia, el dolor persistió.
Después de un año, se le practicó una ecografía abdominal que evidenció una dilatación anómala, por lo que ordenaron una prueba diagnóstica, concretamente una urografía intravenosa, que se le realizó en diciembre de 2013. Después quedó a la espera de los resultados de esta prueba para determinar la existencia o no de una enfermedad tumoral, que conoció en noviembre de 2014 en las consultas externas de Urología.
Ese resultado confirmó la existencia de la enfermedad tumoral que progresó en un año, según señaló el perito judicial oncólogo de un posible estadio II, perfectamente curable con una probabilidad próxima al 100%, a un estadio IV cuando le fue comunicado el resultado.
El fallo judicial acoge los argumentos del abogado de la familia, señalando que "consta un retraso diagnóstico que no se puede justificar" entre la realización de la prueba y su visualización. El propio servicio de Urología señaló que no puede justificar que una prueba diagnóstica de sospecha de una patología severa pueda tardar un año en ser revisada, no constando la causa del retraso, con progresión de la enfermedad. Ello disminuyó las opciones terapéuticas y de curabilidad del proceso patológico.
El abogado de la familia ha subrayado la importancia de que los pacientes no esperen a que la "burocracia" sanitaria les permita acceder a una resolución médica. Por ello, ha instado a los usuarios de la sanidad pública y privada pendientes de pruebas diagnósticas a reclamar la atención de las mismas una vez pasado un tiempo prudencial. "Hay que dejar por escrito la huella de la queja porque puede estar en juego la vida", recomienda. En este caso "dramático" -añade-, pese a que se denunció y se obtuvo una compensación económica, "se produjo un daño irreparable que pudo haber sido evitado."