Los trabajadores del sector de las ambulancias gallegas inician este lunes una nueva jornada de paros que continuarán hasta el próximo 24 de febrero. Sin embargo, la huelga de ambulancias en Galicia tiene también su cara oculta y ahora que la patronal exige que se convoque un nuevo concurso, salen a la luz datos que poco benefician a las empresas adjudicatarias de este servicio.
Según una información publicada por El País, una investigación por corrupción ha destapado falta de seguridad en las ambulancias gallegas. En las pesquisas sobre el presunto amaño del concurso de la Xunta detectan un “peligroso” exceso de peso en los vehículos y homologaciones falseadas.
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago conduce la investigación centrada en el concurso millonario de ambulancias para el servicio de transporte sanitario urgente convocado por la Xunta en 2014. La causa se abrió con la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso.
Como recoge el diario del Grupo Prisa, las empresas que luego resultaron adjudicatarias encargaron más de 80 furgones (aproximadamente el 75% de la flota) con prestaciones exigidas en el pliego de condiciones, antes incluso de que esos requisitos fuesen publicados en el Diario Oficial de Galicia.
Las empresas que luego resultaron adjudicatarias encargaron más de 80 furgones con prestaciones exigidas en el pliego de condiciones, antes incluso de que esos requisitos fuesen publicados en el Diario Oficial de Galicia
Los investigadores sostienen que las firmas beneficiadas por el reparto disfrutaron de “información privilegiada” suministrada desde la Administración autonómica. Además, gracias a estas indagaciones se ha destapado la falta de seguridad de los vehículos del 061 que, según un peritaje encargado por la policía, supone un riesgo para trabajadores y pacientes.
Mediante una inspección sorpresa a las 11 empresas adjudicatarias se descubrió que todas las ambulancias elegidas al azar (una veintena) soportoban un preocupante exceso de peso. En su informe, firmado en septiembre de 2017 e incorporado al sumario judicial, los vehículos rebasaron en una media de 300 kilos la masa máxima autorizada en la normativa, uno de ellos inclusivo había estado circulando durante año y medio.
Los vehículos soportaban un preocupante exceso de peso
Según el informe del que se ha hecho eco El País, esta irregularidad “aumenta drásticamente” la “probabilidad de que ocurra un accidente” teniendo en cuenta la “conducción agresiva” propia del servicio. “Todo esto provoca que el vehículo se vuelva impredecible en su maniobrabilidad y muy peligroso de conducir”, concluye.
REACCIÓN DE LA XUNTA
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo criticó el informe y aseguró que “en el pesaje realizado por la policía judicial no se aplicaron los criterios adecuados”. La propia Xunta instó a las empresas concesionarias a adaptarse a las condiciones de peso y seguridad necesarias y solicitó un informe pericial a una empresa externa de ingeniería industrial “que confirma la seguridad de las unidades asistenciales”.
Sin embargo, según documentación a la que ha tenido El País, ese peritaje con el que la Xunta consideraba acreditada la seguridad de la flota se realizó en 25 ambulancias, aunque no se especifica si la inspección fue por sorpresa y eligiendo furgones al azar como la realizada por la policía.